La práctica de deportar a terceros países como México se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con un gasto federal superior a 40 millones de dólares en envíos a naciones remotas, aunque México es el destino principal. Un juez federal de Massachusetts reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a 6.000 cubanos a México en el último año bajo un "acuerdo no escrito", sin detalles públicos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó en diciembre que México recibió 11.886 extranjeros deportados hasta esa fecha, pero no hay cifras actualizadas ni información sobre su situación. Organizaciones como el Centro Rizoma del Migrante reportan un aumento en consultas de cubanos, haitianos y venezolanos atrapados en el sur del país, sin Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) ni notificación de sus peticiones ante la COMAR.
Casos como el de Jean, un haitiano de 33 años, ilustran la realidad: deportado a Villahermosa, se trasladó a Cancún, donde solicitó asilo en noviembre pero no ha recibido confirmación en meses. Sin papeles, no accede a empleo formal, cuentas bancarias ni movilidad fuera de Quintana Roo, y depende de trabajos informales para sobrevivir.
En Tapachula y Villahermosa, la situación es crítica, con migrantes sin techo ni ingresos estables debido a la falta de identificación y permisos laborales. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) basado en 400 entrevistas destaca que generar ingresos y obtener documentación son las necesidades prioritarias, seguidas de alojamiento y alimentación.
La política deriva de un acuerdo de "tercer país seguro" vigente desde la era Biden, pero ahora se aplica a personas con procesos migratorios avanzados en EE.UU., no solo cruces recientes. Expertos como Tran Dang, del Centro Rizoma, advierten que las condiciones mexicanas empujan a la gente a la informalidad o la indigencia, con riesgos crecientes de crisis humanitaria.
México no ha respondido a consultas sobre financiamiento o protocolos para estos deportados, dejando un vacío informativo que agrava la vulnerabilidad de los afectados. Mientras, algunos buscan amparos para visas humanitarias o apelan procesos en EE.UU., pero el panorama permanece incierto sin cambios en la coordinación bilateral.
