EE. UU. propone subir a 18.000 dólares las multas a migrantes con orden de expulsión
Qué plantea la propuesta
La iniciativa del Gobierno de Donald Trump busca actualizar el monto de una sanción económica ya prevista por la legislación migratoria para personas que no abandonaron Estados Unidos tras recibir una orden final de expulsión en ausencia.
Según la propuesta, el nuevo umbral reemplazaría el cobro vigente de 5.130 dólares y se aplicaría a extranjeros que siguieron en el país hasta ser arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
A quién afectaría
El alcance de la medida no sería universal para toda persona migrante, sino para un grupo concreto: quienes tienen una orden de deportación dictada en ausencia, no salieron del país y luego fueron detenidos por ICE.
Ese detalle es importante porque la sanción se vincula al incumplimiento de una resolución migratoria ya firme, no a la mera condición migratoria de la persona.
Qué argumento usa el DHS
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el aumento responde a los costos estimados de localizar, arrestar, detener y deportar a una sola persona.
La agencia defiende que la actualización del monto busca reforzar el cumplimiento de las órdenes de expulsión y desincentivar que los afectados permanezcan en el país después de una resolución definitiva.
Plazos y trámite
La propuesta fue difundida el 20 de mayo y quedó abierta a comentarios públicos hasta el 22 de junio, lo que significa que todavía no se trata de una sanción plenamente aplicada de forma generalizada.
En esta fase, el proceso regulatorio todavía puede incorporar observaciones legales, políticas y técnicas antes de su eventual adopción final.
Impacto migratorio
La medida se enmarca en una línea más dura de la administración Trump sobre control migratorio y puede tener un efecto disuasorio adicional sobre personas con procesos de expulsión pendientes.
Organizaciones y expertos citados en la cobertura advierten que multas de esta magnitud pueden agravar la precariedad económica de los afectados y añadir presión financiera a familias que ya viven bajo riesgo de deportación.
Además, el precedente de sanciones muy elevadas ha generado preocupación por posibles efectos acumulativos sobre bienes, ingresos y estabilidad financiera de los migrantes sujetos a este tipo de procedimientos.