La reducción drástica en la disponibilidad de GLP se ha sentido especialmente en municipios del centro, norte y sur del país, donde consumidores y pequeños negocios reportan largas filas, agencias vacías o la imposibilidad de llenar sus cilindros con regularidad. En zonas como Camoapa, Río Blanco, Rivas, San Juan del Sur y Boaco, algunos usuarios relatan que la venta de gas se ha reducido casi a la mitad, lo que obliga a recorrer varias agencias para obtener el insumo necesario.
Medios nicaragüenses muestran que la escasez afecta especialmente a comedores comunitarios, restaurantes de barrio, vendedores ambulantes y pequeñas cafeterías, cuya actividad depende directamente de tener gas disponible para cocinar. Muchos comercios se ven obligados a cerrar antes de hora, restringir menús o incluso suspender la jornada laboral cuando el GLP se agota, lo que impacta ingresos y empleo informal.
La situación se entrelaza con la dependencia total de Nicaragua de las importaciones de gas licuado de petróleo. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua citados por medios locales, el país destinó cerca de 83,9 millones de dólares a la compra de GLP en 2024, y el mercado de distribución está en manos de empresas privadas y de la firma estatal Enigas, que está en proceso de ampliar su capacidad de almacenamiento con apoyo de inversiones de China.
A esta dependencia se suma la falta de información oficial detallada sobre las causas del desabastecimiento. Organismos independientes y expertos de energía señalan que el país desconoce la gestión de los ingresos generados por la política de congelamiento de precios y plantean preguntas sobre la sostenibilidad del suministro en un contexto de volatilidad internacional del petróleo, impulsada por tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.
La política de congelar los precios del gas, implementada desde abril de 2022, evita que el usuario final registre alzas directas en el costo del cilindro, pero también genera desequilibrios. El gobierno fijó el precio cuando el barril de crudo superaba los 120 dólares y, aunque el precio internacional está ahora en torno a los 90 dólares, el precio oficial se mantiene sin cambios, lo que ha generado ingresos fiscales adicionales sin que se haya traducido en una mayor transparencia ni en mejoras evidentes en el abastecimiento.
En el terreno operativo, la distribución del GLP se concentra en pocas empresas, lo que agrava la sensación de racionamiento y de cobros ocultos. En municipios donde opera la empresa Tropigas, por ejemplo, clientes reportan que se les exigen de 10 a 30 córdobas extra por cilindro, pese a que el precio oficial permanece igual. Ese tipo de prácticas condiciona el acceso del sector más vulnerable, especialmente en zonas rurales o periféricas de las ciudades.
Autoridades y analistas coinciden en que el desabastecimiento de gas licuado pone en evidencia la necesidad de diversificar fuentes de energía, fortalecer reservas y sistemas de distribución, así como impulsar mayor transparencia en la gestión de los recursos de la política energética. Mientras tanto, familias y comercios nicaragüenses siguen ajustándose a la inestabilidad del suministro, con el riesgo de endurecer su presupuesto y limitar la actividad económica más local.
