El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este domingo que unidades navales interceptaron el buque petrolero Bella‑1 en aguas cercanas a la zona económica exclusiva de Venezuela. La maniobra se enmarca en la estrategia de bloqueo y revisión marítima impuesta por Washington desde 2020 contra embarcaciones asociadas a operaciones petroleras del gobierno venezolano o de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro.
Según fuentes oficiales citadas por la agencia Reuters, la tripulación del Bella‑1 fue interrogada y se inspeccionó la carga como parte de un “operativo rutinario de cumplimiento de sanciones internacionales”. No se reportaron enfrentamientos ni detenciones, aunque el petrolero fue escoltado temporalmente fuera del área de tránsito.
Esta es la tercera embarcación interceptada en menos de una semana, tras los casos de los buques Fortune y Serenity, también abordados cuando navegaban en dirección a puertos venezolanos. Washington sostiene que estas operaciones buscan impedir el comercio ilícito de crudo que, según autoridades estadounidenses, financia a sectores sancionados del régimen de Caracas.
El nuevo operativo ocurre en un contexto de renovación de las medidas de presión económica bajo la administración de Donald Trump, quien recientemente ordenó reactivar los controles marítimos sobre cargamentos vinculados a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La decisión revierte parcialmente los alivios otorgados durante la gestión de Joe Biden e introduce un enfoque más estricto de supervisión naval en el Atlántico occidental.
Desde Caracas, el gobierno venezolano condenó el abordaje, calificándolo como una “violación flagrante de la soberanía nacional” y una “agresión imperialista contra el libre comercio”. El ministro de Petróleo, Rafael Téllez, afirmó que el Bella‑1 transportaba combustible destinado a un cliente privado autorizado y que el incidente constituye una interferencia con operaciones legales bajo contratos internacionales vigentes.
Los analistas consideran que la nueva postura estadounidense reaviva la tensión energética entre Washington y Caracas, así como con otros países que mantienen acuerdos de suministro con Venezuela. El Caribe vuelve a posicionarse como un escenario geoestratégico clave en la disputa por las rutas petroleras y las políticas de sanciones globales.
Organismos marítimos internacionales han expresado preocupación por el incremento de inspecciones armadas en zonas de tránsito comercial, alertando sobre el potencial impacto en la seguridad regional y la libertad de navegación. Sin embargo, Washington insiste en que sus acciones están amparadas en la legislación de sanciones internacionales y en la seguridad energética hemisférica.
