Según el relato difundido por María Corina Machado en X, el secuestro de Juan Pablo Guanipa se produjo alrededor de la medianoche del domingo en el barrio caraqueño de Los Chorros, cuando varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y lo obligaron a subir por la fuerza. En su mensaje, acompañado de la etiqueta de “ALERTA INTERNACIONAL”, Machado afirmó que los captores actuaron de forma violenta y reiteró la exigencia de liberación inmediata de su colaborador, sin aportar información sobre la identidad del grupo responsable.
El incidente se produjo apenas horas después de que el propio Guanipa informara en un video publicado en redes sociales que había sido excarcelado tras más de ocho meses de detención en un centro penitenciario de Caracas. El dirigente opositor, uno de los aliados más cercanos de Machado, había sido arrestado a finales de mayo de 2025 bajo cargos de terrorismo, conspiración para sabotear las elecciones legislativas de ese año y otros delitos, acusaciones que él y la oposición han rechazado como políticamente motivadas.
Medios locales e internacionales señalan que la liberación de Guanipa formó parte de un paquete de excarcelaciones de varios presos políticos anunciadas por el gobierno venezolano en respuesta a presiones internas y externas sobre la situación de los derechos humanos y las detenciones por motivos políticos. Entre los liberados se encontrarían también otros colaboradores de Machado, como la activista María Oropeza y su abogado Perkins Rocha, que habían sido detenidos por organismos de inteligencia en el marco de investigaciones por presuntas tramas desestabilizadoras.
Tras conocerse la denuncia de Machado, organizaciones de derechos humanos y representantes de la oposición manifestaron preocupación por la desaparición de Guanipa y pidieron información oficial sobre su paradero. El presidente de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que hasta el momento “no hay información clara sobre quién se lo llevó” y llamó a que se ofrezca una prueba de vida y se proceda a su liberación sin demora.
Familiares de Guanipa también recurrieron a las redes sociales para denunciar lo sucedido y exigir respuestas. Su hijo, Ramón Guanipa, escribió que su padre fue “interceptado y secuestrado” por un grupo de unas diez personas no identificadas y describió la participación de al menos tres vehículos en la operación, reclamando igualmente pruebas de vida y su liberación inmediata.
La detención inicial de Juan Pablo Guanipa se inscribe en un contexto de larga confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, en el que las autoridades han recurrido con frecuencia a acusaciones de terrorismo, conspiración y colaboración con gobiernos extranjeros para justificar arrestos de dirigentes opositores. En el momento de su captura, el ministro del Interior Diosdado Cabello le vinculó con un supuesto plan para boicotear los comicios legislativos mediante actos violentos, mientras que la oposición calificó el procedimiento como un intento de silenciar voces críticas en vísperas de unas elecciones clave.
María Corina Machado, inhabilitada para competir en elecciones pero que sigue siendo una de las principales figuras de la oposición, ha denunciado en reiteradas ocasiones que tanto ella como sus aliados son objeto de persecución política y de operaciones de hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Episodios anteriores, como la propia detención temporal de Machado durante una manifestación en Caracas y las restricciones a sus actividades políticas, han sido documentados por medios internacionales y organizaciones de observación electoral, que cuestionan las garantías democráticas en el país.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido una versión detallada sobre la situación de Juan Pablo Guanipa ni han confirmado oficialmente su detención tras la excarcelación. La denuncia pública de Machado y la falta de información oficial alimentan la preocupación por el uso de detenciones y desapariciones de corta duración como herramienta de presión política, en un contexto marcado por negociaciones intermitentes entre gobierno y oposición y por la atención de actores internacionales a la crisis venezolana.
