La Duma establece el primer marco integral
La Duma Estatal, cámara baja del Parlamento ruso, aprobó el 21 de julio la legislación presentada por el Gobierno para ordenar la circulación de monedas digitales y derechos digitales. El acontecimiento y su fecha fueron comunicados ese mismo día por la agencia estatal TASS y contrastados por CoinDesk, que situó la publicación de su información a las 15:19. La parte principal de la norma comenzará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026.
El alcance supera la compraventa de criptomonedas. La regulación comprende la organización, contabilización y custodia de monedas digitales; la minería; la emisión y circulación de derechos digitales; y los servicios prestados por intermediarios, gestores, depositarios, plataformas de negociación y cámaras de compensación. El cambio supone el paso desde normas dispersas y excepciones experimentales hacia una estructura legal más cercana a la utilizada en los mercados financieros tradicionales.
Registro obligatorio para intercambios y custodios
Solamente podrán operar como organizaciones de intercambio de criptomonedas las entidades inscritas en un registro especial. TASS explica que la actividad regulada comprende la compra y venta sistemática de monedas digitales por cuenta propia y fuera de mercados organizados. Las empresas ya activas dispondrán de un periodo transitorio: podrán continuar funcionando sin inscripción hasta el 1 de julio de 2027.
La ley incorpora a los bancos como mecanismo de control. Si una entidad de crédito o una sucursal de un banco extranjero sospecha que una transferencia está relacionada con un operador de intercambio no autorizado, deberá rechazarla. Las cámaras de compensación contarán con una excepción limitada cuando necesiten ejecutar operaciones para atender obligaciones incumplidas por alguno de sus participantes.
Un límite anual para los pequeños inversores
Los inversores no cualificados podrán adquirir únicamente las criptomonedas consideradas más líquidas y deberán hacerlo a través de intermediarios autorizados. El límite será de 300.000 rublos anuales por intermediario, aproximadamente 3.800 dólares según la conversión utilizada por CoinDesk el día de la aprobación. El tope es individual para cada intermediario, una característica que exigirá controles coordinados para evitar que la fragmentación entre plataformas debilite su efectividad.
Los inversores cualificados podrán comprar cualquier criptomoneda sin ese límite cuantitativo. Sin embargo, tanto estos como los clientes minoristas tendrán que superar pruebas especiales de conocimientos y comprensión de riesgos. La experiencia previa negociando activos digitales podrá utilizarse, entre otros criterios, para solicitar la condición de inversor cualificado. El diseño busca mantener el acceso al mercado mientras restringe la exposición de los usuarios considerados menos experimentados.
Las criptomonedas continúan prohibidas como pago
La reforma no autoriza el uso general de bitcoin, stablecoins u otros activos digitales para pagar bienes y servicios dentro de Rusia. También prohíbe difundir publicidad o información que promueva la posibilidad de pagar productos, trabajos, servicios, contenidos o propiedad intelectual mediante criptomonedas. Por tanto, la norma regula estos activos principalmente como instrumentos patrimoniales y de inversión, no como sustitutos legales del rublo.
Existen excepciones concretas. Las monedas digitales podrán emplearse en liquidaciones derivadas de contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes, en operaciones relacionadas con criptomonedas obtenidas mediante minería, en el pago de comisiones de determinadas plataformas digitales y en liquidaciones que involucren valores u otros activos digitales. Estas vías formalizan usos internacionales que Rusia había venido ensayando para reducir fricciones en los pagos transfronterizos.
Protección judicial y contexto internacional
La legislación reconoce protección judicial a los titulares de monedas digitales incluso cuando esos activos no hubieran sido declarados previamente. Esa disposición amplía la capacidad de reclamar derechos de propiedad ante los tribunales, aunque no elimina las obligaciones fiscales, de identificación o de prevención del blanqueo que puedan aplicarse. Su implementación exigirá determinar cómo se acreditan la titularidad, el control de las claves y el historial de las operaciones.
La regulación llega en un contexto de sanciones económicas y de creciente utilización de activos digitales en operaciones internacionales. CoinDesk recordó que la Unión Europea adoptó en abril un paquete que afecta específicamente a proveedores y plataformas rusas de criptomonedas. La aprobación parlamentaria no equivale a una autorización indiscriminada: los próximos pasos serán la creación de registros, la definición de los activos líquidos accesibles para minoristas y la publicación de las pruebas y requisitos técnicos que aplicarán el Banco de Rusia y otros supervisores.
