La Fiscalía Provincial de Barcelona clausuró por primera vez tres sitios web que publicitaban servicios de gestación subrogada, práctica prohibida en España desde 2006, tras una denuncia de una asociación feminista y tras abrir diligencias por publicidad ilícita.
Desde 2006, la gestación subrogada está prohibida en España, y más recientemente en 2023, el Gobierno vetó toda publicidad relacionada con esta práctica. En 2024, una asociación feminista de Vigo denunció penalmente a unas 20-30 empresas dedicadas a la intermediación y publicidad de la gestación subrogada, muchas con sedes en ciudades españolas como Barcelona y Madrid. Si bien no se constató la realización de la práctica en territorio nacional, la Fiscalía decidió tramitar los casos como publicidad ilegal prohibida por ley.
La fiscal de consumo, Paloma Pelegrín, explicó que tras iniciar diligencias preprocesales, la Fiscalía de Barcelona logró que dos empresas retiraran voluntariamente su publicidad, mientras que en Madrid la Fiscalía consiguió que un juzgado mercantil dictara medidas cautelares para el cierre de una web y perfiles en redes sociales de otra empresa, tras considerar su publicidad ilícita y desleal. La publicidad detectada no solo promovía la práctica ilegal, sino que además cosificaba a mujeres y embriones, con un evidente sesgo racial y mercantilista.
Pese al éxito inicial, la Fiscalía reconoce que la proliferación de páginas, muchas en jurisdicciones internacionales, continua, lo que dificulta su control y cierre. Por ello, plantea acudir a la Audiencia Nacional para solicitar medidas judiciales que permitan bloquear estas páginas por vulnerar la legislación española en materia de publicidad ilícita.
Las medidas buscan evitar que ciudadanos españoles o residentes eludan la prohibición de subrogación acudiendo al extranjero y que se mantenga el respeto a la normativa, protegiendo tanto a las mujeres gestantes como a los niños nacidos en estas circunstancias, en línea con los derechos humanos y la legislación vigente.