La OMS ordena la prevención de ahogamientos en siete políticas bien coordinadas

La OMS lanza siete estrategias contra 300.000 muertes por ahogamiento cada año

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La Organización Mundial de la Salud presentó el 23 de julio en Accra, Ghana, el paquete PROTECT, una guía de siete políticas para prevenir ahogamientos mediante infraestructuras seguras, rescate, normas laborales y de transporte, educación acuática, cuidado infantil y preparación frente a inundaciones. Cerca de 300.000 personas mueren anualmente por esta causa.

Una guía práctica para una causa prevenible

La OMS publicó el 23 de julio Siete estrategias para prevenir los ahogamientos, un documento técnico de 88 páginas dirigido a gobiernos y responsables de políticas públicas. El lanzamiento se celebró ese mismo día en Accra, dos jornadas antes del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.

El paquete adopta el acrónimo PROTECT y transforma la estrategia mundial aprobada en 2025 en medidas aplicables mediante legislación, regulación, presupuestos e instituciones. La OMS explica en su comunicado que la prevención no pertenece exclusivamente a los ministerios de Salud: también requiere transporte, educación, protección infantil, trabajo, vivienda y gestión de emergencias.

La meta internacional es reducir la mortalidad por ahogamiento un 35% para 2035. Desde 2000, la tasa mundial habría descendido un 38%, pero el reparto del progreso es desigual y numerosos países carecen todavía de una estrategia nacional, sistemas de vigilancia o normas de seguridad suficientemente aplicadas.

Casi 300.000 muertes y una carga infantil elevada

La OMS calcula alrededor de 300.000 fallecimientos anuales, aproximadamente 30 cada hora. Casi una cuarta parte corresponde a menores de cinco años. El ahogamiento es la cuarta causa de muerte entre niños de uno a cuatro años y la tercera entre los de cinco a catorce.

El 92% de las muertes ocurre en países de ingresos bajos y medianos, donde las tasas son más de tres veces superiores a las de los países de renta alta. Muchos casos se producen en ríos, lagos, pozos, depósitos domésticos, piscinas o durante desplazamientos cotidianos en embarcaciones.

Las cifras mundiales tienen limitaciones. Algunas estadísticas excluyen muertes vinculadas con inundaciones, transporte marítimo o migración, y en lugares sin registros completos un fallecimiento puede no quedar clasificado correctamente. La carga real podría ser, por ello, superior a la estimada.

Infraestructura y rescate: las dos primeras líneas

La primera estrategia propone modificar físicamente los entornos. Incluye barreras alrededor de pozos y piscinas, cubiertas seguras para depósitos de agua, señalización, iluminación, puntos de acceso controlado y planificación urbana que reduzca la exposición involuntaria.

Una barrera eficaz debe adaptarse al riesgo local. Cercar una piscina no resuelve los peligros de una comunidad que depende de un río para transportarse, y repartir chalecos no sustituye la protección de pozos o recipientes domésticos. El documento plantea evaluar previamente dónde, cómo y quién se ahoga.

La segunda línea refuerza rescate y reanimación. La OMS recomienda formar a personas de la comunidad y equipos profesionales para intervenir sin convertirse ellos mismos en víctimas. Intentar alcanzar a alguien desde tierra o lanzar un objeto flotante suele ser más seguro que entrar al agua sin preparación.

La reanimación cardiopulmonar temprana puede mejorar el desenlace tras sacar a una persona del agua. Debe iniciarse cuanto antes y acompañarse de la activación de los servicios de emergencia. La guía reclama protocolos, equipamiento, simulacros y coordinación entre testigos, socorristas, ambulancias y hospitales.

Seguridad laboral y transporte acuático

La tercera estrategia aborda profesiones expuestas: pesca, navegación, construcción, agricultura, rescate y actividades turísticas. Las medidas incluyen evaluación de riesgos, equipos de flotación, formación, supervisión, comunicación meteorológica y cumplimiento de normas laborales.

Los trabajadores informales son especialmente vulnerables porque pueden operar sin contrato, seguro, equipo adecuado o capacidad para rechazar condiciones peligrosas. Las políticas deben incorporar incentivos, inspección y alternativas económicas, no limitarse a sancionar a quienes dependen del agua para vivir.

La cuarta estrategia se centra en ferris, barcos y pequeñas embarcaciones. Recomienda limitar la sobrecarga, exigir chalecos adecuados, capacitar a los operadores, comprobar la navegabilidad y utilizar alertas meteorológicas. Las rutas y manifestaciones de pasajeros facilitan además una respuesta rápida cuando ocurre un accidente.

Ghana, sede del lanzamiento, declaró en junio la política “sin chaleco, no hay viaje” para sus vías navegables interiores. El Gobierno desplegó 200 guardias de seguridad acuática y estableció sistemas subvencionados de compra y alquiler de chalecos.

Natación, educación y cuidado de menores

La quinta estrategia promueve enseñanza de natación básica, flotación, seguridad acuática y rescate seguro en edad escolar. La formación debe impartirse en entornos controlados, con instructores capacitados y programas adaptados a la edad; llevar a menores sin supervisión a aguas abiertas para “aprender” puede aumentar el peligro.

Saber nadar reduce riesgos, pero no vuelve invulnerable a una persona. Corrientes, frío, fatiga, alcohol, traumatismos, embarcaciones y condiciones meteorológicas pueden superar incluso a nadadores experimentados. La educación debe insistir en acompañamiento, chalecos y respeto de las alertas.

La sexta estrategia propone servicios de cuidado infantil seguros y supervisión en comunidades rodeadas de agua. Los menores pequeños pueden ahogarse en pocos centímetros y sin producir los movimientos o gritos que muestran las representaciones cinematográficas.

Tailandia ofrece un ejemplo de intervención conjunta. En 2006 perdía alrededor de 1.500 menores de 15 años al año; posteriormente creó más de 5.000 equipos comunitarios, instaló barreras, amplió la enseñanza y formó en reanimación. Para 2022, las muertes infantiles por ahogamiento habían descendido un 57%, según la campaña mundial de 2026.

Inundaciones y cambio climático completan el paquete

La séptima estrategia exige preparación para inundaciones y emergencias con múltiples amenazas. Contempla sistemas de alerta temprana, evacuaciones planificadas, refugios accesibles, identificación de grupos vulnerables, rescate profesional y comunicación pública comprensible.

El cambio climático modifica la exposición mediante lluvias extremas, inundaciones, tormentas y olas de calor. Estas últimas empujan a más personas hacia ríos, lagos y playas. La OMS cita un estudio británico que observó un aumento del 7,2% en las muertes por ahogamiento por cada grado adicional de temperatura y un riesgo casi cinco veces mayor por encima de 25 grados que por debajo de diez.

La asociación no significa que el calor cause automáticamente cada muerte. Cambia el comportamiento, incrementa el uso recreativo del agua y puede coincidir con consumo de alcohol o zonas sin vigilancia. La respuesta debe combinar alertas meteorológicas con socorrismo, educación y acceso seguro a lugares donde refrescarse.

Ghana como punto de partida

La OMS escogió Ghana por su creciente actividad institucional en seguridad acuática. El organismo estima que unas 1.100 personas mueren ahogadas cada año en el país, alrededor de tres diarias, con una carga desproporcionada entre niños y adultos jóvenes.

Además del programa de chalecos y guardias, Ghana puso en marcha formación para operadores de embarcaciones en navegación, protocolos de seguridad, respuesta a emergencias y rescate. Estas iniciativas ofrecen una base nacional sobre la que adaptar PROTECT, aunque todavía deberán medirse su cumplimiento y efecto sobre la mortalidad.

El valor del paquete reside en tratar el ahogamiento como un problema de sistemas, no como una suma de imprudencias individuales. Las siete estrategias necesitan financiación, responsables claros, datos fiables y evaluación. Publicar una guía no reduce las muertes si sus recomendaciones no se traducen en leyes aplicadas y servicios accesibles.