EE UU descertificará a una organización de trasplantes de Kentucky por riesgos.
El Gobierno abre el proceso de cierre
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció el 5 de agosto que el Gobierno federal había comenzado a retirar la certificación de Network for Hope. La entidad sin ánimo de lucro presta servicio a unos siete millones de personas en Kentucky y partes de Indiana, Ohio y Virginia Occidental.
Kennedy atribuyó la medida a “fallos persistentes de seguridad” pese a advertencias, supervisión y planes correctivos. Medios de Kentucky recogieron además la comparecencia en la Universidad de Kentucky y la respuesta de la organización.
La descertificación no supone un cierre instantáneo. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid —CMS— deben completar el procedimiento, atender la apelación y organizar, si la decisión permanece, el traspaso territorial a otra organización. La Administración sanitaria aseguró que continuará vigilando el servicio para evitar interrupciones mientras se resuelve el proceso.
Qué hace una organización de obtención de órganos
Network for Hope es una OPO, sigla inglesa de organización de obtención de órganos. Estados Unidos cuenta con unas 55 entidades de este tipo, encargadas de identificar posibles donantes fallecidos, hablar con las familias, evaluar la idoneidad de los órganos, buscar receptores y coordinar a los equipos quirúrgicos y de transporte.
Una OPO no decide retirar el soporte vital ni declara la muerte. Esas decisiones corresponden a los médicos del hospital, con independencia del equipo de donación. La guía federal de CMS recalca que el tratamiento del paciente debe tener prioridad, que la familia no puede ser presionada y que la recuperación de órganos solo puede empezar después de una declaración de muerte conforme a criterios médicos aceptados.
La mayoría de las donaciones procede de personas declaradas muertas por criterios neurológicos. Otra vía es la donación después de la muerte circulatoria: la familia y el equipo asistencial deciden retirar un soporte que ya no ofrece una expectativa razonable de recuperación y, si el corazón deja de latir durante el periodo previsto, un médico declara la muerte después del intervalo de observación establecido.
Una investigación sobre 351 donaciones interrumpidas
La Administración de Recursos y Servicios de Salud —HRSA— revisó 351 casos ocurridos entre 2021 y 2024 en los que se había autorizado la donación, pero la recuperación no llegó a completarse. El HHS publicó los primeros resultados detallados en julio de 2025.
Los investigadores clasificaron 103 expedientes —el 29,3%— como preocupantes. En 73 encontraron señales neurológicas que, a su juicio, resultaban incompatibles con continuar el proceso de donación. El informe señaló además que al menos 28 pacientes podrían no haber estado muertos cuando comenzaron determinados preparativos para recuperar los órganos.
La formulación necesita precisión. El informe no afirma que se extrajeran órganos de esas 28 personas: los procedimientos revisados no se completaron. Tampoco permite atribuir idéntica gravedad a todos los expedientes. Sí documenta deficiencias en evaluaciones neurológicas, comunicación con los hospitales, consentimiento y clasificación de las causas de muerte, especialmente tras sobredosis.
El caso que desencadenó la alarma
La controversia se concentró en el caso de Anthony Thomas “TJ” Hoover II. En 2021 fue hospitalizado después de una sobredosis y entró en un proceso de donación tras la decisión familiar de retirar el soporte vital. Según las alegaciones federales y el testimonio de su hermana, mostró movimientos, abrió los ojos y reaccionó durante los preparativos.
La recuperación de órganos fue cancelada y Hoover sobrevivió. Su hermana participó en la comparecencia del 5 de agosto. El Gobierno acusa a la organización predecesora de haber presionado al hospital para continuar pese a señales de recuperación; Network for Hope cuestiona la caracterización oficial.
El episodio generó investigaciones estatales, federales y legislativas y provocó renuncias en registros de donantes. Esa reacción plantea un segundo riesgo sanitario: que fallos o sospechas mal gestionados reduzcan la confianza y, con ella, los órganos disponibles para pacientes cuya supervivencia depende de un trasplante.
La organización rechaza las conclusiones
Network for Hope manifestó que “discrepa firmemente” de la decisión y que presentará una apelación. Su director ejecutivo, Barry Massa, sostiene que la organización cumple las políticas de la Red de Obtención y Trasplante de Órganos —OPTN— y que ha introducido nuevas salvaguardas.
Entre ellas figura un procedimiento que permite a profesionales, familiares u otras personas implicadas detener inmediatamente el proceso ante un cambio neurológico o cualquier duda sobre la idoneidad del donante. La organización afirma que implantó esa pausa hace más de un año y colaboró en la redacción de la ley que la convirtió en obligatoria en Kentucky.
La entidad advierte de que la descertificación puede afectar a más de 3.000 personas en espera dentro de su territorio. Esa cifra procede de la propia organización y no invalida las preocupaciones de seguridad; subraya la necesidad de que cualquier transferencia mantenga los equipos, los acuerdos hospitalarios y la capacidad logística.
Nuevas reglas para separar atención y donación
Kentucky puso en vigor el 15 de julio la Organ Donation Pause in Procedure Act. La norma exige detener el proceso cuando aparezca un cambio neurológico o cualquier posible signo de vida y permite que cualquier integrante del procedimiento active la pausa.
A escala nacional, CMS reforzó en marzo las instrucciones para hospitales y OPO. Las organizaciones no pueden influir en cuándo se retira el soporte vital ni en la declaración de muerte; las familias deben disponer de tiempo y recibir información sin coacción; y los inspectores deben registrar el incumplimiento aunque la deficiencia sea corregida posteriormente, según la norma federal.
HRSA ordenó también comunicar cualquier interrupción motivada por seguridad y pidió a la OPTN reglas nacionales equivalentes. El objetivo es que una duda no dependa de la jerarquía del profesional que la detecta y pueda detener el proceso hasta realizar una nueva evaluación.
Proteger al donante sin paralizar el trasplante
Más de 100.000 personas permanecen en la lista estadounidense, la gran mayoría a la espera de un riñón. En 2025 se realizaron más de 49.000 trasplantes, un máximo histórico, pese al primer descenso leve de donantes fallecidos en una década.
La seguridad del posible donante y la disponibilidad de órganos no son objetivos opuestos. Un sistema que permite presión, comunicación deficiente o evaluaciones dudosas pierde legitimidad; uno que interrumpe innecesariamente la coordinación también puede perder órganos viables y poner en riesgo a quienes esperan.
Los próximos pasos serán la apelación, la evaluación de CMS y un eventual concurso para designar a una entidad sucesora. La transparencia deberá incluir qué expedientes justifican la sanción, qué correcciones fueron consideradas insuficientes y cómo se preservará la actividad durante la transición.