Sánchez exige abrir Ormuz y blindar yacimientos ante la escalada en Irán

En un mensaje publicado en la red social X, Pedro Sánchez afirmó que “el Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Próximo”. El jefe del Ejecutivo subrayó que “nos encontramos en un punto de inflexión global” y advirtió de que “una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”, añadiendo que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”.

El pronunciamiento de Sánchez se produce en el contexto de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen con Irán desde el 28 de febrero, tras una serie de ataques y contraataques que han incluido bombardeos sobre infraestructuras energéticas clave en la región. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz al inicio del conflicto y ha atacado instalaciones de petróleo y gas en países vecinos, mientras las fuerzas estadounidenses e israelíes han respondido con golpes a objetivos iraníes, incluidos emplazamientos energéticos.

El estrecho de Ormuz es un corredor estratégico por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo, además de volúmenes significativos de gas natural licuado (GNL). El cierre de facto del paso, unido a los ataques contra instalaciones como Ras Laffan, el mayor yacimiento gasista de Qatar, ha reducido de forma abrupta la capacidad exportadora de la región y ha impulsado al alza los precios internacionales de la energía.

Según datos citados en las conclusiones del último Consejo Europeo, los ataques iraníes contra activos de QatarEnergy han dejado fuera de juego alrededor del 17% de la capacidad de exportación de GNL de ese país, con un impacto estimado de 17.000 millones de euros anuales en ingresos y riesgos adicionales para el suministro hacia Europa. Para la Unión Europea, que ha buscado reducir su dependencia del gas ruso desde la invasión de Ucrania, la crisis en el Golfo se percibe como un nuevo shock potencial en su seguridad energética.

Sánchez ya había anticipado el viernes anterior un plan de medidas por valor de 5.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, aludiendo a las “primeras réplicas de un terremoto económico global”, en especial en el precio de los combustibles. Paralelamente, el Ejecutivo español se ha posicionado en favor de la desescalada y del respeto al derecho internacional, rechazando que sus bases militares puedan utilizarse para atacar Irán y apostando por una salida negociada.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que España impulsa la desescalada, la negociación y la primacía del derecho internacional, tras calificar de “nuevo ciclo de violencia, conflicto e inestabilidad” los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Albares ha reiterado que España no permitirá el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas contra Irán, al tiempo que mantiene su compromiso con la OTAN y con las misiones de seguridad en otros teatros.

La preocupación de España encaja en un marco europeo más amplio, en el que los líderes de la UE han reclamado la reapertura urgente del estrecho de Ormuz y una “moratoria” sobre ataques a infraestructuras energéticas y de agua en la región. En sus conclusiones más recientes, los Veintisiete han pedido “desescalada y máxima contención” a todas las partes, así como el pleno respeto del derecho internacional, al tiempo que estudian reforzar las misiones navales para proteger la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y el Reino Unido, junto con Japón, se han declarado “listos para contribuir” a esfuerzos apropiados que garanticen el tránsito seguro por Ormuz. En una declaración conjunta, estos Estados han instado a Irán a cesar de inmediato sus ataques a buques y a infraestructuras civiles, y se han comprometido a adoptar medidas adicionales para estabilizar los mercados energéticos, incluida la cooperación con países productores para aumentar la oferta.

La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, acordó el 11 de marzo la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas de emergencia para contener la escalada de precios del crudo. Sin embargo, analistas energéticos advierten de que, si el conflicto se prolonga y el estrecho de Ormuz permanece cerrado o sujeto a interrupciones recurrentes, los instrumentos de emergencia podrían resultar insuficientes para evitar un alza prolongada de los precios y episodios de escasez.

La advertencia de Sánchez sobre una posible “crisis energética a largo plazo para toda la humanidad” se inscribe en ese escenario de riesgo sistémico. Los expertos señalan que un bloqueo prolongado de Ormuz y el deterioro de la infraestructura energética de Oriente Próximo tendrían efectos en cadena sobre el suministro de petróleo y gas, la inflación, la competitividad industrial y la estabilidad macroeconómica global, especialmente en economías dependientes de las importaciones energéticas.

En este contexto, el Gobierno español busca proyectar una posición de alerta temprana y de defensa del multilateralismo, al reclamar el desbloqueo de las rutas energéticas y la protección de los yacimientos, al tiempo que insiste en la necesidad de una desescalada diplomática del conflicto. Madrid plantea que el coste de prolongar la guerra en Irán no solo se medirá en términos de seguridad regional, sino también en el riesgo de una nueva crisis energética global con impactos duraderos sobre hogares, empresas y economías de todo el mundo.