Rusia pone a Pável Dúrov en busca internacional por presunta ayuda al terrorismo
El Servicio Federal de Seguridad acusa al fundador de Telegram de no retirar canales, grupos y herramientas supuestamente utilizados para preparar atentados y sabotajes en territorio ruso. La plataforma rechaza desde hace meses las exigencias de Moscú y denuncia una campaña destinada a limitar la privacidad y la libertad de expresión.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido por sus siglas FSB, anunció este miércoles 29 de julio la imputación en ausencia de Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, por una presunta colaboración con actividades terroristas. Las autoridades rusas comunicaron además su inclusión en una lista internacional de personas buscadas, elevando considerablemente el enfrentamiento que mantienen con una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del país.
La acusación se sustenta en el apartado 1.1 del artículo 205.1 del Código Penal ruso, relativo a la asistencia o facilitación de actividades terroristas. En caso de ser declarado culpable por un tribunal de Rusia, Dúrov podría enfrentarse a una condena de gran duración e incluso, según las informaciones difundidas por medios internacionales, a cadena perpetua.
El FSB sostiene que Telegram no eliminó canales, conversaciones y sistemas automatizados que habrían sido empleados por los servicios de inteligencia ucranianos y por organizaciones calificadas como terroristas o extremistas por Moscú. Según la versión oficial rusa, estos espacios digitales se utilizaron para buscar posibles colaboradores y coordinar actos de sabotaje, ataques violentos, asesinatos y fraudes informáticos dentro del territorio ruso. Estas afirmaciones forman parte de la acusación del FSB y no han sido verificadas de forma independiente.
Entre las herramientas mencionadas por las autoridades figura un bot relacionado con un popular servicio de citas utilizado por jóvenes rusos. El FSB afirma que agentes ucranianos habrían creado perfiles falsos para contactar con menores y adultos jóvenes, ganarse su confianza y convencerlos posteriormente de participar en acciones de sabotaje. La agencia asegura que 46 personas de entre 12 y 22 años fueron detenidas durante el último año por hechos presuntamente vinculados con este sistema de captación.
Moscú también atribuye a Telegram la difusión de instrucciones para atacar infraestructuras y objetivos vinculados con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la decisión de responsabilizar penalmente al fundador de una plataforma por los actos cometidos por algunos de sus usuarios abre un nuevo debate sobre los límites de la responsabilidad de las empresas tecnológicas y sobre el grado de control que los gobiernos pueden exigir a los servicios de mensajería.
La orden anunciada por Rusia no implica necesariamente que Dúrov vaya a ser detenido de forma inmediata fuera del país. La inclusión en una lista rusa de búsqueda internacional tampoco equivale automáticamente a la emisión de una notificación roja de Interpol. Hasta el momento de publicación de esta noticia, no se había confirmado públicamente que la organización policial internacional hubiera aceptado o difundido una alerta contra el empresario. Reuters señaló que todavía no estaba claro cómo pretendían ejecutar las autoridades rusas la orden.
La actuación del FSB culmina una investigación penal iniciada en febrero de 2026. En aquel momento, medios estatales rusos informaron de la apertura de diligencias contra Dúrov por una posible asistencia a actividades terroristas. Las autoridades acusaron entonces a Telegram de haberse convertido en una herramienta utilizada por servicios de inteligencia extranjeros, organizaciones radicales y personas implicadas en actos violentos.
Dúrov respondió a aquella investigación denunciando que el procedimiento buscaba justificar nuevas restricciones contra Telegram. El empresario afirmó que Moscú estaba utilizando acusaciones fabricadas para reducir el acceso de los ciudadanos a comunicaciones privadas y trasladarlos hacia servicios nacionales sometidos a un mayor control estatal. Telegram también ha sostenido que las autoridades rusas pretenden favorecer a MAX, una aplicación impulsada como alternativa local.
Tras conocerse la nueva acusación, la cuenta oficial de Telegram en X publicó una imagen de Dúrov realizando un gesto desafiante dirigido a Moscú. Aunque el empresario no difundió inicialmente una declaración jurídica detallada, la publicación fue interpretada como un rechazo frontal a las imputaciones del FSB.
El conflicto entre Dúrov y las autoridades rusas se remonta a más de una década. Antes de crear Telegram, el empresario fundó VKontakte, la mayor red social de Rusia. Abandonó el país después de denunciar presiones para entregar información sobre usuarios y grupos opositores. Posteriormente estableció Telegram fuera de territorio ruso y fijó su residencia en Dubái. Actualmente posee las ciudadanías francesa y emiratí.
Rusia ya intentó bloquear Telegram en 2018 después de que la empresa se negara a proporcionar al FSB las herramientas necesarias para acceder a comunicaciones cifradas. Las autoridades levantaron formalmente aquella prohibición en 2020, pero las tensiones reaparecieron con fuerza después de la invasión rusa de Ucrania y del uso masivo de la plataforma para divulgar información relacionada con la guerra.
Telegram ocupa una posición especialmente compleja en el ecosistema informativo ruso. La aplicación es utilizada por medios independientes, opositores, periodistas y activistas, pero también por instituciones gubernamentales, corresponsales militares favorables al Kremlin y organismos oficiales. Esa implantación ha dificultado los intentos de Moscú de sustituirla por completo, ya que incluso estructuras cercanas al poder dependen de sus canales para comunicarse con millones de personas.
La empresa defiende que coopera con solicitudes judiciales legítimas y que retira contenidos vinculados con terrorismo, violencia, explotación infantil y otras actividades ilícitas. Telegram reconoce, al mismo tiempo, que el crecimiento de la plataforma ha facilitado su utilización por redes criminales y sostiene que ha reforzado durante los últimos años sus políticas de moderación.
El nuevo procedimiento ruso no guarda relación directa con la causa abierta contra Dúrov en Francia tras su detención en el aeropuerto de Le Bourget en agosto de 2024. La investigación francesa se centró en la supuesta falta de cooperación de Telegram ante delitos cometidos mediante la plataforma. Las autoridades judiciales francesas indicaron posteriormente que el empresario estaba cumpliendo las condiciones impuestas durante el procedimiento.
La orden de búsqueda anunciada por el FSB aumenta ahora la incertidumbre sobre los desplazamientos internacionales de Dúrov y profundiza la disputa entre el Gobierno ruso y Telegram. El alcance efectivo de la medida dependerá de que Moscú solicite formalmente su detención y de que otros Estados consideren que la acusación cumple sus garantías legales y no responde a una persecución de carácter político.