El plan de Meloni en Albania cumple dos años casi vacío y pendiente del TJUE
El centro italiano de Gjadër llegará en octubre a su segundo aniversario sin haber alcanzado los objetivos con los que fue presentado. Los sucesivos bloqueos judiciales han reducido su actividad a una media aproximada de 20 internos al mes, frente a la previsión inicial de gestionar hasta 3.000 personas. Mientras espera dos decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno italiano trata de trasladar a Bruselas el debate sobre la financiación de futuros centros de retorno en países terceros.
El proyecto con el que Giorgia Meloni pretendía convertir a Italia en pionera de la externalización del control migratorio europeo continúa atrapado entre los tribunales, los elevados costes y una ocupación mínima. El complejo de Gjadër, situado en el norte de Albania y administrado por autoridades italianas, apenas ha funcionado desde que comenzaron los primeros traslados en octubre de 2024. Casi dos años después, su futuro depende de varias cuestiones jurídicas que todavía debe resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El acuerdo bilateral fue firmado por Italia y Albania en noviembre de 2023. El protocolo permitió a Roma utilizar dos instalaciones en territorio albanés: una zona de recepción y registro en el puerto de Shëngjin y un centro de internamiento y tramitación en Gjadër. Italia mantiene la responsabilidad de los procedimientos, el personal y las decisiones de asilo o expulsión, aunque las instalaciones se encuentran fuera del territorio de la Unión Europea.
El sistema se concibió inicialmente para trasladar a hombres adultos interceptados por barcos oficiales italianos en aguas internacionales. Quedaban excluidos, entre otros colectivos, los menores, las mujeres, las personas vulnerables y quienes fueran rescatados por organizaciones humanitarias. El objetivo político era examinar determinadas solicitudes de asilo mediante procedimientos fronterizos acelerados y repatriar con rapidez a quienes no obtuvieran protección.
Tres intentos frustrados y un cambio de función
La aplicación práctica chocó desde el principio con la justicia italiana. Los tres primeros traslados, realizados entre octubre de 2024 y enero de 2025, afectaron a 73 personas. Los jueces se negaron a convalidar su internamiento y ordenaron que fueran llevadas de nuevo a Italia. La principal controversia giraba alrededor de la consideración de Egipto y Bangladés como países de origen seguros y del derecho de los tribunales a revisar esa clasificación en cada caso concreto.
El TJUE dictaminó en agosto de 2025 que los Estados miembros pueden elaborar sus propias listas de países seguros, pero estableció que los solicitantes y los jueces deben poder conocer y cuestionar la información en la que se apoya esa clasificación. La resolución no clausuró el proyecto albanés, aunque tampoco eliminó los obstáculos que impedían aplicar de forma automática el procedimiento acelerado previsto por Roma.
Para evitar que el complejo permaneciera completamente desocupado, el Gobierno italiano modificó su función en marzo de 2025 y convirtió Gjadër en un centro de permanencia para la repatriación. Desde entonces, Italia ha trasladado allí a más de 600 personas que ya tenían una orden de expulsión. Sin embargo, menos de un centenar habrían sido efectivamente repatriadas, mientras que la mayoría terminó regresando a centros situados en territorio italiano. La ocupación media se ha mantenido alrededor de 20 internos al mes, muy lejos del objetivo inicial de 3.000.
Un proyecto de más de 130 millones anuales
El coste se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición italiana. Meloni explicó en 2024 que el presupuesto asignado para ejecutar el protocolo era de 670 millones de euros durante cinco años, equivalente a 134 millones anuales. Las estimaciones oficiales más recientes citadas por la prensa italiana y española elevan el gasto corriente hasta aproximadamente 138 millones por año.
La oposición sostiene que la factura final, sumando construcción, transporte naval, seguridad, funcionarios, asistencia sanitaria y mantenimiento, podría aproximarse a los 1.000 millones de euros. Esa cifra no constituye un balance definitivo del Gobierno, sino una estimación política discutida. El dato oficial verificable continúa siendo la asignación inicial de 670 millones para los cinco años de vigencia del protocolo, posteriormente ampliada por costes adicionales de funcionamiento.
El contraste entre gasto y resultados ha alimentado las críticas sobre la eficacia del plan. Además del reducido número de internos, el traslado de cada persona exige operaciones entre Italia y Albania, vigilancia permanente y una estructura administrativa preparada para una capacidad que nunca ha llegado a utilizarse. Una delegación de eurodiputados denunció en junio dificultades para inspeccionar por completo las instalaciones y obtener datos sobre su funcionamiento, acusaciones que añadieron presión sobre Roma.
Dos sentencias decidirán su viabilidad
El futuro inmediato se encuentra ahora en Luxemburgo. El TJUE estudia procedimientos relacionados con la posibilidad de trasladar a Albania a personas que ya estaban internadas en Italia y con la legalidad general del protocolo bilateral. Entre las cuestiones planteadas figura si un solicitante de asilo puede permanecer retenido fuera del territorio de un Estado miembro y si Italia puede aplicar allí las directivas europeas de asilo y retorno mediante una ficción jurídica de extraterritorialidad.
Los abogados generales del tribunal han emitido opiniones favorables a Italia en los dos procedimientos examinados durante 2026. Sus conclusiones consideran que el protocolo puede ser compatible, en principio, con la legislación europea, pero únicamente cuando se garanticen plenamente los derechos de las personas trasladadas, incluido el acceso a asistencia jurídica, familiares y recursos judiciales efectivos. Estas opiniones orientan al tribunal, aunque no son vinculantes.
El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, ha reconocido que el Gobierno prefiere esperar las sentencias antes de reactivar los traslados a gran escala. Roma espera que las decisiones se conozcan después del verano y mantiene el objetivo político de recuperar el funcionamiento del centro antes de terminar 2026. El TJUE, sin embargo, no ha anunciado públicamente una fecha definitiva para sus fallos.
Las nuevas normas europeas cambian el escenario
La entrada en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el 12 de junio de 2026, no ha desbloqueado automáticamente el modelo albanés. El pacto modifica los procedimientos fronterizos y facilita la tramitación acelerada de solicitudes procedentes de determinados países, pero no resuelve por sí solo las dudas sobre la retención de personas en una instalación italiana situada físicamente fuera de la UE.
Paralelamente, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo reglamento común de retornos. El texto permite crear centros de retorno en países terceros para personas que ya no tengan derecho a permanecer en la Unión, siempre que el Estado receptor respete los derechos humanos y el principio de no devolución. Esta fórmula es distinta del sistema de Gjadër, porque los futuros centros podrían quedar amparados por una normativa común europea y por acuerdos financiados colectivamente.
Italia pretende aprovechar ese cambio para defender que los nuevos centros externos no dependan únicamente de los presupuestos nacionales. Roma presiona para que la Unión Europea participe en su financiación y en los acuerdos con los países receptores. La aspiración no implica necesariamente que Bruselas vaya a reembolsar los gastos ya asumidos en Albania, sino que futuros proyectos semejantes puedan sostenerse con fondos europeos.
Para Meloni, una sentencia favorable permitiría reivindicar el proyecto como antecedente de la nueva política migratoria europea. Una resolución contraria, en cambio, podría cerrar definitivamente el modelo actual y dejar al Gobierno con unas instalaciones costosas, infrautilizadas y difíciles de adaptar. Hasta que Luxemburgo se pronuncie, Gjadër seguirá funcionando muy por debajo de la capacidad prometida y como símbolo de los límites jurídicos y económicos de la externalización migratoria.