Más de 5.000 etíopes pierden protección temporal en Estados Unidos por el fallo
El último bloqueo judicial queda levantado
El juez de distrito Brian Murphy levantó la medida que impedía al Departamento de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas DHS, aplicar la terminación del programa para Etiopía. Reuters informó de que la resolución afecta a más de 5.000 personas que podían residir y trabajar legalmente gracias al Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés.
La decisión no declara que todas esas personas serán deportadas de inmediato. El TPS es una capa concreta de protección: al desaparecer, cada beneficiario vuelve al estatus migratorio que tenía antes, si continúa vigente, o conserva cualquier otro permiso obtenido por una vía distinta. Quien tenga una solicitud de asilo, residencia, visado u otra protección pendiente debe analizar su situación individual; quien dependía exclusivamente del TPS queda expuesto a procedimientos de expulsión.
Una nota técnica publicada el mismo día por la firma migratoria Fragomen, enlazando la orden judicial, señaló que USCIS —el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos— comunicó la terminación efectiva el 18 de agosto. La precisión es importante porque la autorización laboral estaba prevista inicialmente hasta el día 19 y las suspensiones judiciales habían modificado varias veces el calendario.
Qué protege el TPS y qué deja de proteger
El TPS es un beneficio temporal creado por la ley migratoria estadounidense para nacionales de países afectados por conflicto armado, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias que dificultan un retorno seguro. Mientras una designación está vigente, las personas elegibles no pueden ser expulsadas por su mera situación migratoria y pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo, conocido como EAD.
El programa no equivale al asilo ni conduce automáticamente a la residencia permanente. Protege a personas que ya se encontraban en Estados Unidos en las fechas establecidas por el Gobierno y que cumplen requisitos de registro y antecedentes. La Administración de Joe Biden designó Etiopía en diciembre de 2022, citando el conflicto y el sufrimiento humanitario, y amplió la medida en 2024.
El aviso del Registro Federal publicado en diciembre de 2025 afirmó que Etiopía ya no cumplía las condiciones legales y fijó inicialmente el fin para el 13 de febrero de 2026. Varias órdenes judiciales aplazaron esa fecha. La actualización del 18 de agosto no es, por tanto, una nueva decisión política sobre Etiopía, sino la consecuencia práctica de que haya desaparecido el bloqueo judicial.
Un litigio alterado por el Tribunal Supremo
Murphy había frenado la terminación en abril al considerar que el DHS no siguió adecuadamente los procedimientos exigidos y que su justificación podía ser pretextual. Después, el Tribunal Supremo dictó en junio una resolución sobre protecciones similares para personas de Haití y Siria que redujo el margen de los tribunales inferiores para revisar las decisiones del Ejecutivo sobre designación y terminación del TPS.
Con ese precedente, el juez rechazó el argumento de que únicamente el fiscal general —y no el DHS, creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001— tenía facultad para terminar el programa. Otros tribunales habían descartado recientemente planteamientos equivalentes en litigios relacionados con Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. La lectura judicial fortalece la capacidad del Ejecutivo para retirar designaciones por país.
Sin embargo, el caso no queda completamente cerrado. Murphy permitió que los demandantes continúen alegando que la decisión estuvo motivada por animadversión racial o por el origen nacional, en posible violación de la Quinta Enmienda de la Constitución. Esa cláusula garantiza el debido proceso frente al Gobierno federal. Mantener viva la reclamación no restablece automáticamente el TPS mientras se litiga.
El Gobierno y los demandantes ofrecen diagnósticos opuestos
El DHS sostiene que las condiciones de Etiopía ya no impiden el retorno seguro en los términos exigidos por la ley. Su abogado general, James Percival, celebró públicamente la decisión y afirmó que las terminaciones del TPS estaban en vigor. Esa es la posición administrativa que ahora puede aplicarse, pero no constituye una evaluación judicial independiente de la seguridad en cada región etíope.
African Communities Together, organización demandante junto con varios ciudadanos etíopes, advirtió que la crisis continúa y que el fallo pone vidas en riesgo. Su subdirectora de política, Diana Konaté, expresó decepción con la resolución. El argumento de la entidad se apoya en la persistencia de conflictos y necesidades humanitarias; la Administración, en cambio, interpreta que ya no se cumplen los umbrales específicos para mantener una protección colectiva.
El TPS opera por países, pero una expulsión se decide sobre una persona. Incluso tras la terminación, Estados Unidos no puede devolver a alguien si demuestra que sufrirá persecución o tortura y obtiene asilo, retención de la expulsión o protección conforme a la Convención contra la Tortura. Esas vías tienen requisitos probatorios distintos y no cubren automáticamente a todos los antiguos beneficiarios.
Trabajo, documentos y familias afrontan efectos inmediatos
La pérdida de la autorización laboral puede afectar empleo, seguro médico, alquiler y capacidad de renovar documentos estatales. Los empleadores deben verificar la vigencia de los permisos mediante el formulario I‑9, pero no pueden exigir documentación diferente por nacionalidad ni asumir que todo trabajador etíope estaba bajo TPS. Algunos beneficiarios poseen permisos laborales basados en otra categoría y mantienen su derecho a trabajar.
La situación familiar también puede ser desigual. Un hogar puede incluir a una persona con TPS, hijos ciudadanos estadounidenses y familiares con solicitudes independientes. La terminación del programa no modifica la ciudadanía de los hijos ni cancela por sí sola los trámites de otros miembros. Tampoco convierte en deportación ejecutada una orden antigua: el DHS debe seguir los procedimientos aplicables y respetar cualquier recurso individual.
Los afectados deberán confirmar la base de su permiso laboral, las fechas impresas en sus documentos y la existencia de otras solicitudes. La rapidez de la actualización administrativa aumenta el riesgo de errores de empleadores o autoridades locales. La información oficial de USCIS y el asesoramiento jurídico individual resultan esenciales, porque una regla general no permite determinar el estatus de una persona concreta.
La demanda continúa sin restaurar la protección colectiva
El próximo frente será la reclamación constitucional por presunto sesgo racial o nacional. Para prosperar, los demandantes tendrán que presentar pruebas sobre la motivación de la decisión, no solo discrepar de la evaluación de las condiciones en Etiopía. El Gobierno podrá defender que aplicó los criterios legales y que el tribunal carece de capacidad para revisar determinados aspectos de la terminación.
Mientras no exista una nueva orden, la consecuencia operativa es que el TPS etíope terminó. Un fallo posterior podría modificar esa situación, pero no debe anticiparse. También podrían presentarse apelaciones o peticiones urgentes ante tribunales superiores; al cierre de esta edición no se había confirmado una nueva suspensión.
La novedad del 18 de agosto combina un resultado inmediato y otro pendiente: más de 5.000 personas pierden la protección colectiva, pero sigue vivo el examen sobre posible discriminación. Separar ambos planos evita dos errores: afirmar que el litigio terminó por completo o sugerir que su continuación mantiene vigentes los permisos. El impacto real se medirá en renovaciones de empleo rechazadas, nuevos procesos de expulsión y decisiones sobre protecciones individuales.