Más de 20.000 menores migrantes podrían quedarse sin abogado en Estados Unidos
Más de 20.000 menores llegados solos a Estados Unidos corren el riesgo de perder su representación legal cuando concluya el 31 de julio el contrato federal que sostiene una red de casi cien entidades. Las organizaciones denuncian 65 millones de dólares en pagos pendientes y exigencias de información confidencial; el Gobierno afirma que busca alternativas para mantener la asistencia.
Una cobertura publicada ante un vencimiento inminente
El acontecimiento principal todavía no se había consumado: el contrato temporal que financia los servicios jurídicos debe finalizar el 31 de julio. Su vencimiento podría dejar sin abogado a más de 20.000 menores inmersos en procedimientos de inmigración.
Los beneficiarios son niños y adolescentes que llegaron a Estados Unidos sin un padre o tutor y fueron puestos bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, conocida como ORR. Desde allí pueden ser entregados a familiares o patrocinadores, pero sus procedimientos de expulsión continúan ante los tribunales migratorios, incluso después de abandonar la custodia federal.
Una red de casi cien organizaciones
El contrato está administrado por el Acacia Center for Justice y se ejecuta mediante una red de casi cien entidades especializadas. El programa de menores no acompañados de Acacia informa de que ofrece representación a más de 26.000 niños, además de orientación jurídica y preparación para comparecer ante los tribunales.
La asistencia incluye entrevistas individuales, análisis de posibles vías de protección, preparación de expedientes y continuidad de la defensa cuando el menor cambia de estado. También existe la figura de Friend of the Court, un adulto que ayuda a comprender el procedimiento cuando todavía no se ha conseguido un abogado. Acacia sostiene que el 94% de los menores representados asiste a sus audiencias, lo que además facilita el funcionamiento de los tribunales.
Un sistema en el que no existe abogado automático
A diferencia del proceso penal estadounidense, los procedimientos migratorios tienen naturaleza civil. Una persona puede contratar representación, pero el sistema no garantiza de manera general que el Estado le asigne gratuitamente un abogado. Esta diferencia obliga a los menores a depender de entidades financiadas mediante contratos públicos, programas de voluntariado o servicios pro bono.
La complejidad es especialmente elevada para quienes podrían solicitar asilo, protección frente a la trata, un estatus especial para menores abandonados o maltratados, o un visado reservado a determinadas víctimas. Identificar correctamente una de estas vías exige reconstruir hechos, obtener documentos y cumplir plazos. Sin asesoramiento, un niño puede desconocer incluso qué protección debería solicitar.
Pagos retenidos y datos confidenciales
Las entidades afirman que el Gobierno mantiene pendientes unos 65 millones de dólares por servicios realizados desde diciembre. Según Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, la Administración condicionó el desembolso a la entrega de información que podría incluir evaluaciones médicas sin anonimizar y otros datos sensibles de los expedientes.
Las organizaciones sostienen que la solicitud puede entrar en conflicto con el secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente. El Gobierno no había publicado al cierre de la información una explicación detallada sobre qué datos considera imprescindibles ni cómo impediría su utilización en los procedimientos de expulsión. Esa falta de precisión es uno de los principales puntos de disputa.
KIND abandona el contrato por una deuda de 20 millones
Kids in Need of Defense, conocida como KIND, notificó el 30 de junio que dejaría de participar como subcontratista al finalizar el plazo de treinta días. La organización atribuyó su decisión a más de 20 millones de dólares adeudados y al riesgo financiero que suponía seguir prestando servicios sin recibir los pagos correspondientes.
En su comunicado oficial, KIND aseguró que continuará representando a menores con financiación privada y el apoyo de más de 900 colaboradores pro bono. Sin embargo, su salida reduce la capacidad de una red que ya registra despidos, congelaciones de contrataciones y dificultades para asumir nuevos casos.
El Gobierno asegura que busca otra fórmula
Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos declaró previamente a The Texas Tribune que la Administración estaba explorando “todas las vías disponibles” para proporcionar asistencia jurídica. Entre las alternativas examinadas figuró una posible intervención de organismos de Texas dedicados habitualmente a la defensa penal de personas sin recursos.
El director de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas advirtió, no obstante, que representar a menores en procesos migratorios probablemente quedaba fuera del mandato legal de su organismo. La Administración no había detallado cómo se repartirían los expedientes ni qué entidad asumiría la continuidad de las defensas si el contrato nacional concluye sin una transición acordada.
La representación cambia el resultado del procedimiento
The Guardian, citando a una exjueza de inmigración, señala que menos del 10% de los menores sin abogado consigue autorización para permanecer en Estados Unidos y que las posibilidades de obtener protección son muy superiores cuando existe representación. Las cifras deben interpretarse con cautela porque el resultado también depende de los hechos y fundamentos jurídicos de cada expediente, pero muestran una diferencia sustancial.
Una interrupción no implicaría que todos los menores fueran deportados automáticamente. Sí podría obligarlos a comparecer solos, dificultar la presentación de pruebas y provocar aplazamientos o decisiones dictadas en ausencia. Los abogados alertan además de que trasladar niños o concentrar sus vistas en otro estado puede romper relaciones de confianza construidas durante meses.
El 31 de julio marca el próximo punto crítico
La cuestión inmediata es si el Gobierno renovará, sustituirá o dejará extinguir el contrato. También debe aclararse el tratamiento de los 65 millones de dólares reclamados, las garantías sobre confidencialidad y la transferencia de los expedientes activos. Sin una solución antes del 31 de julio, centenares de menores podrían comenzar a acudir solos a sus audiencias.
El problema trasciende una controversia presupuestaria: afecta a la capacidad real de los niños para explicar por qué llegaron al país, qué peligros afrontan y si cumplen los requisitos de alguna protección. La revisión humana de este borrador deberá comprobar cualquier anuncio posterior del Departamento de Salud, de la ORR o del tribunal que supervisa el litigio contractual.