ICE detiene a familiares que intentan acoger menores migrantes en sus albergues
Datos de acogida utilizados para localizar familiares
La investigación de The Texas Tribune, publicada el 21 de julio a las 05:00 de la zona central estadounidense —12:00 en la España peninsular—, reconstruyó varios casos mediante documentos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, expedientes judiciales y entrevistas con familias y abogados. El principal hallazgo es que agentes de ICE localizaron a algunos patrocinadores potenciales con datos facilitados durante el procedimiento para recibir a menores no acompañados.
Los menores que cruzan sin un progenitor quedan bajo responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados —ORR, por sus siglas en inglés—, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El organismo debe buscar familiares u otros adultos idóneos, comprobar que el domicilio sea seguro y entregar al menor con rapidez en el entorno menos restrictivo compatible con su bienestar.
El caso de una tía hondureña detenida en Texas
Una hondureña de 37 años, identificada como Y.R. para proteger su identidad, trató durante casi un año de asumir la custodia de su sobrina y su sobrino, actualmente de 11 y 14 años. Los menores habían cruzado el río Grande el 25 de abril de 2025 y fueron enviados a un albergue federal. Su tía entregó documentación, permitió una inspección de su vivienda, pasó una comprobación de antecedentes y se sometió a una prueba de ADN.
En abril de 2026, agentes de inmigración la detuvieron cerca de su vivienda en el área de Dallas-Fort Worth. El informe citado por el periódico señala que ICE recibió sus datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y que la mujer no tenía antecedentes penales. Permaneció dos semanas detenida, fue liberada bajo fianza por un juez de inmigración y, tras una orden judicial, pudo reunirse con los menores en mayo. Los niños llevaban cerca de 400 días bajo custodia, mientras ella continúa sometida a un procedimiento de deportación.
Más exigencias y mayor intercambio de información
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la Administración ha restringido los documentos de identidad aceptados, generalizado las pruebas de ADN y eliminado una regla que impedía a ORR compartir con ICE determinada información de los patrocinadores. La guía oficial fue revisada nuevamente el 30 de junio de 2026 para aclarar cómo puede obtenerse y comunicarse información migratoria, aunque ORR afirma que no pregunta directamente al patrocinador por su situación jurídica.
La combinación de controles administrativos y cooperación con ICE produce, según antiguos responsables de ORR y organizaciones jurídicas consultadas, un efecto disuasorio: familiares que viven sin autorización pueden evitar identificarse por miedo a ser detenidos. La consecuencia sería que algunos menores permanezcan más tiempo en centros federales pese a disponer de parientes dispuestos a recibirlos.
Menos niños bajo custodia, pero estancias más largas
Los datos oficiales muestran una paradoja. En junio había una media ligeramente inferior a 1.800 menores bajo custodia de ORR, muy por debajo de los más de 5.000 registrados en enero de 2025. Sin embargo, durante el año fiscal 2025 la estancia media alcanzó 117 días: aproximadamente el doble que durante el primer mandato de Trump y tres veces el promedio de una década atrás.
La legislación federal no establece un número único de días para todos los casos, pero obliga a colocar a cada menor con prontitud en el entorno menos restrictivo que responda a su interés. Los abogados citados por el medio consideran que esperas de varios meses pueden ser incompatibles con esa obligación. Especialistas de la Academia Estadounidense de Pediatría añaden que la incertidumbre prolongada puede agravar traumas previos y deteriorar el vínculo con los familiares.
Otros casos y la respuesta gubernamental
F.S., una mujer guatemalteca de 32 años, fue detenida tras iniciar la evaluación para recibir a su hijo de 13 años. El menor acumulaba más de ocho meses en un albergue el 20 de julio y, según su madre, había necesitado tratamiento por ansiedad y un ingreso psiquiátrico. Ambos aceptaron ser deportados para acelerar la reunificación. En otro caso, M.R., salvadoreña de 41 años, acudió a una cita para una prueba de ADN y fue detenida; tres meses después seguía en un centro de Luisiana, mientras su hija de nueve años llevaba más de siete meses en un albergue.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió que los controles pretenden evitar abusos, explotación y entrega de menores a adultos peligrosos. Su portavoz presentó ejemplos de patrocinadores con antecedentes graves y explicó que ICE realiza comprobaciones de bienestar en colaboración con policías locales. La investigación, no obstante, señala que Y.R. carecía de antecedentes y que Salud y Servicios Humanos no respondió a sus preguntas.
Una política distinta de las separaciones fronterizas
La controversia recuerda, aunque responde a un mecanismo diferente, a la política de “tolerancia cero” del primer mandato de Trump. Más de 4.600 menores fueron entonces separados de sus progenitores en la frontera. La última actualización de la tarea federal de reunificación familiar indicó en abril de 2024 que cerca del 70% ya se había reunido con sus padres.
Ahora la separación se produce después del cruce, durante el proceso para identificar a un cuidador. La Administración no ha revelado cuántos patrocinadores han sido detenidos. Una emisora pública de California contabilizó al menos cien casos hasta marzo de 2026, pero esa cifra no constituye un registro oficial nacional. La evolución dependerá de eventuales litigios, de las revisiones de la política de ORR y de si el Gobierno publica datos completos sobre los arrestos.