Imputan por homicidio involuntario a los dueños de la discoteca Jet Set
La justicia dominicana ordenó enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, por homicidio involuntario, tras el colapso del techo del local que causó la muerte de 236 personas durante un concierto del merenguero Rubby Pérez. La decisión mantiene abierto uno de los procesos judiciales más sensibles de la historia reciente del país.
Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, enfrentarán juicio por homicidio involuntario por el derrumbe del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025 en Santo Domingo. La tragedia dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes civiles registradas en República Dominicana.
La decisión fue adoptada por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ordenó la apertura de juicio de fondo contra los hermanos Espaillat. El tribunal no acogió la petición de familiares de víctimas que reclamaban una calificación penal más grave, como homicidio voluntario, al considerar que el caso debía continuar bajo la figura de homicidio involuntario.
El Ministerio Público sostiene que los dueños del Jet Set actuaron con negligencia en el mantenimiento de la estructura del local, especialmente en relación con el techo que terminó colapsando durante una presentación musical. La acusación apunta a que existían señales previas de deterioro y advertencias sobre el estado del edificio que no habrían sido atendidas de manera adecuada.
La noche de la tragedia, cientos de personas se encontraban dentro del establecimiento para asistir a un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también murió en el derrumbe. Entre las víctimas figuraron además personalidades del deporte, la política y la vida pública dominicana, como el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel.
Durante las audiencias preliminares, un exempleado declaró que los propietarios conocían los problemas estructurales del local y que había enviado fotografías y videos alertando sobre el deterioro. La defensa, por su parte, ha sostenido que no existió intención de causar daño y que el colapso fue una tragedia no prevista.
El caso ha generado indignación entre los familiares de las víctimas, que consideran insuficiente la calificación de homicidio involuntario. Bajo esta figura penal, las penas serían considerablemente menores que las contempladas para un homicidio voluntario, una diferencia que ha alimentado protestas y reclamos de justicia.
La investigación también ha incluido señalamientos sobre presuntos intentos de intimidar o manipular a empleados, según los fiscales. El Ministerio Público asegura contar con cientos de elementos de prueba para vincular a los acusados con las fallas que derivaron en el colapso.
El derrumbe del Jet Set puso bajo cuestionamiento los controles de seguridad, permisos, inspecciones y responsabilidades administrativas sobre establecimientos de entretenimiento masivo en República Dominicana. Más allá del proceso penal contra los dueños del local, familiares de las víctimas han exigido investigar posibles omisiones de instituciones públicas y autoridades municipales.
La apertura del juicio marca una nueva etapa en la búsqueda de responsabilidades por una tragedia que conmocionó al país. Mientras la fecha del juicio aún no ha sido fijada, los familiares de las víctimas mantienen su presión para que el proceso no quede limitado a una sanción menor y para que se esclarezca toda la cadena de negligencias que permitió que el local siguiera operando.