México atraviesa una crisis de desapariciones sin precedentes, con 125,287 personas reportadas como desaparecidas en el último siglo, según datos recientes. Alarmantemente, el 90% de estos casos se han registrado desde 2006, evidenciando una escalada significativa en las últimas dos décadas. Estados como Jalisco se han convertido en epicentros de esta problemática; entre el 1 de diciembre de 2018 y el 21 de marzo de 2025, se reportaron al menos 11,660 desapariciones en esta entidad.
La gravedad de la situación se refleja en el hallazgo de fosas clandestinas, como la descubierta recientemente en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos y evidencias de posibles centros de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
Frente a la inacción y falta de apoyo gubernamental, familias y colectivos, predominantemente conformados por madres, han asumido la búsqueda de sus seres queridos. Estas "madres buscadoras" enfrentan no solo la indiferencia oficial, sino también amenazas constantes de grupos criminales, poniendo en riesgo sus vidas en su incansable lucha por la verdad y la justicia.
La administración actual ha anunciado medidas para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, incluyendo la firma de decretos y propuestas de reformas legislativas. Sin embargo, las familias afectadas mantienen un escepticismo fundamentado, dada la persistente impunidad y la falta de resultados concretos en la localización de sus seres queridos.
La crisis de desapariciones en México no solo representa una emergencia humanitaria, sino también un desafío estructural que requiere acciones inmediatas y coordinadas entre autoridades y sociedad civil para frenar esta alarmante tendencia y brindar respuestas a miles de familias que buscan desesperadamente a sus desaparecidos.
