Atentado con cilindro bomba en la Vía Panamericana sacude al suroeste colombiano
El ataque, ocurrido el 25 de abril de 2026, ha sido atribuido por las autoridades a estructuras de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según la información oficial confirmada por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, la detonación del artefacto explosivo artesanal causó una destrucción masiva en el lugar, dejando un cráter de gran magnitud en la carretera que conecta el suroccidente del país.
El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, condenó el acto violento y lo calificó de "atentado contra la población civil". En respuesta a la grave situación de seguridad en la región, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 5.000 millones de pesos —cerca de 1,2 millones de euros— por información que permita la captura de alias Marlon, uno de los jefes disidentes señalados como responsable directo del planeamiento de este ataque.
Las labores de rescate y atención a los heridos fueron coordinadas de inmediato por los organismos de socorro, mientras que el Ejército Nacional desplegó operativos de seguridad en la zona para verificar la existencia de más explosivos en el corredor vial. Este incidente se suma a una serie de acciones violentas reportadas en los últimos días en el suroeste colombiano, lo que ha elevado el nivel de alerta en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
La Vía Panamericana, arteria vital para el transporte de carga y pasajeros que une el interior de Colombia con el resto de Sudamérica, permaneció bloqueada tras la explosión. La comunidad internacional y diversos sectores del país han manifestado su rechazo ante este nuevo episodio de terrorismo que afecta directamente a los civiles y profundiza la crisis de seguridad en las áreas rurales bajo control de grupos armados ilegales.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la autoría material del ataque y prevenir nuevas incursiones. Mientras tanto, la región del Cauca se mantiene bajo estricta vigilancia militar y policial, en medio del luto por las víctimas y la creciente tensión por el impacto de la violencia insurgente en la infraestructura crítica del país.