El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha convocado para el 25 de mayo de 2025 las elecciones regionales y parlamentarias, que permitirán elegir a los 24 gobernadores y 260 legisladores de los consejos legislativos estadales. Estas elecciones se celebrarán en un contexto de crisis política, a raíz de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio de 2024, que han generado protestas en rechazo a los resultados anunciados por el CNE. La oposición y diversos observadores internacionales han denunciado irregularidades y falta de transparencia en dicho proceso electoral .
El presidente Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en las elecciones presidenciales con el 51,95% de los votos. El Centro Carter, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU han expresado preocupaciones sobre la legitimidad de los resultados, citando la falta de transparencia en el conteo de votos y la represión de la oposición.
En este contexto, la oposición se encuentra dividida respecto a la participación en las elecciones del 25 de mayo. Mientras que algunos líderes opositores, como Henrique Capriles, defienden la participación en los comicios como una forma de resistencia democrática, otros, como María Corina Machado, han llamado al boicot, argumentando que el proceso electoral está viciado y carece de legitimidad.
Además, la situación en el territorio en disputa del Esequibo ha añadido complejidad al panorama electoral. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en esta región, pero el gobierno venezolano ha rechazado la orden, argumentando que no reconoce la jurisdicción de la CIJ y considera al Esequibo como parte de su territorio.
