La UE suprime el vínculo entre migrante y país y avala el modelo Italia-Albania
El cambio clave: adiós al requisito de "conexión"
Hasta ahora, la legislación europea exigía que existiera un nexo significativo —nacionalidad, residencia previa, vínculos familiares o mero tránsito— entre el solicitante de asilo y el país tercero al que podía ser devuelto. La reforma elimina esa condición: a partir de junio de 2026, cualquier Estado miembro podrá trasladar a un solicitante a un país con el que no tiene ningún lazo, siempre que exista un acuerdo o convenio bilateral y que dicho Estado sea considerado "seguro" conforme al derecho internacional. La única salvaguardia específica que subsiste es la excepción para los menores no acompañados, cuyas solicitudes seguirán siendo evaluadas por el país receptor o por aquellos con los que el menor tenga un vínculo demostrable.
El Consejo y el Parlamento, alineados
El proceso legislativo se desarrolló en dos fases diferenciadas. El 8 de diciembre de 2025, los ministros de Interior de los Veintisiete respaldaron la posición del Consejo con "una amplia mayoría", según indicó el ministro danés Rasmus Stoklund, quien presidía la institución durante ese semestre. El 10 de febrero de 2026, el Parlamento Europeo ratificó el mismo texto: la alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE), los Conservadores y Reformistas (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ENS) resultó determinante para sacar adelante la reforma. La eurodiputada alemana Lena Düpont, ponente del expediente, defendió que el cambio "está en línea con el derecho internacional".
El modelo Italia-Albania: un referente validado
El acuerdo bilateral que más directamente se beneficia de esta reforma es el protocolo suscrito entre el Gobierno de Giorgia Meloni y Albania. Bajo ese pacto, hasta 3.000 migrantes rescatados mensualmente en el Mediterráneo central pueden ser trasladados a dos instalaciones gestionadas por Italia —en Shengjin y Gjader— para la tramitación acelerada de sus solicitudes de asilo y, en su caso, para su retorno. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, calificó la votación parlamentaria como "una luz verde desde Bruselas" y confirmó que las obras en ambos centros albaneses se acelerarán para que los primeros traslados comiencen en verano de 2026. El éxito italiano puede animar a otros Estados miembros a negociar acuerdos similares de procesamiento offshore, transformando los corredores migratorios hacia Europa.
Primera lista común de países de origen seguros
El mismo día en que el Parlamento aprobó la reforma del concepto de "tercer país seguro", también adoptó la primera lista común de la UE de países de origen seguros. El catálogo inicial incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de la práctica totalidad de los países candidatos a la adhesión, con la notable excepción de Ucrania. Los nacionales de estos estados verán sus solicitudes tramitadas mediante procedimientos acelerados, lo que reduce los plazos de evaluación y, con ellos, las probabilidades estadísticas de obtener protección internacional.
División política y voces críticas
La aprobación fracturó la habitual coalición que respalda a la Comisión de Ursula von der Leyen: los Socialistas y Demócratas (S&D), Renovar Europa y La Izquierda votaron mayoritariamente en contra. La eurodiputada del S&D Cecilia Strada advirtió del riesgo de que terceros países usen estos acuerdos para "chantajear a Europa", señalando como precedente fallido el acuerdo del anterior Gobierno conservador británico con Ruanda, bloqueado por el Tribunal Supremo del Reino Unido. El Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE) criticó además la supresión del efecto suspensivo automático de los recursos judiciales, que podría provocar traslados fuera de la UE antes de que un tribunal verifique la legalidad del procedimiento. El Consejo de Expertos en Integración y Migración de Alemania (SVR) también se mostró crítico con la eliminación del criterio de conexión, aunque valoró positivamente la lista común de países de origen seguros.
España, en posición minoritaria
El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue uno de los principales opositores a la reforma desde las primeras negociaciones en el Consejo. En su intervención de diciembre de 2025, advirtió que la supresión del vínculo "rompe con la integridad del Pacto migratorio antes de que haya echado a andar" y cuestionó la compatibilidad del nuevo marco con el derecho comunitario e internacional en materia de derechos humanos. Portugal y Francia también manifestaron reservas por el impacto político, social y constitucional de la medida, aunque finalmente no bloquearon el acuerdo.
Sanciones más duras y centros en terceros países
La reforma no se limita al concepto de "tercer país seguro". Los Veintisiete acordaron un régimen sancionador más severo para quienes no cooperen con los procedimientos de retorno: reducción o retirada de subsidios, revocación de permisos de trabajo e incluso penas de prisión en los casos más graves. La prohibición de entrada en la UE tras una expulsión podrá ser indefinida para las personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. El Consejo también aprobó que los Estados miembros puedan instalar centros de acogida en terceros países para alojar a migrantes a quienes ya se ha denegado el asilo pero cuya deportación aún está pendiente.
Mecanismo de solidaridad y cuotas de reubicación
En paralelo a la reforma del sistema de retorno, el Consejo aprobó un mecanismo de solidaridad para la redistribución de migrantes entre los Estados miembros. El cupo acordado asciende a 21.000 reubicaciones en 2026 —o contribuciones compensatorias de hasta 420.000 millones de euros para los países que prefieran no acoger refugiados—, una cifra inferior a las 30.000 reubicaciones que la Comisión Europea puede proponer anualmente. La Comisión ha identificado a España, Italia, Grecia y Chipre como los países que podrán solicitar solidaridad de sus socios al ser los que soportan mayor presión migratoria en la frontera exterior de la Unión.
Entrada en vigor: junio de 2026
El conjunto de reformas del sistema europeo de asilo —incluyendo las aprobadas en febrero— entrará plenamente en vigor el 12 de junio de 2026, en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo acordado en 2024. Con ello, se completa lo que analistas jurídicos denominan el "Pacto de Asilo 2.0": un sistema más restrictivo, más rápido en las devoluciones y más permisivo con la externalización, que redefine en profundidad los derechos de los solicitantes de protección internacional en Europa.