Trump invoca ley de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos pese a orden judicial
La Administración del presidente Donald Trump ha recurrido a la histórica Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, generando una ola de críticas y debates legales.
Invocación de una ley centenaria
El 14 de marzo, Trump firmó una proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros, otorgando al presidente poderes amplios para deportar a ciudadanos de naciones consideradas enemigas en tiempos de guerra. Esta ley, raramente utilizada, fue aplicada notablemente durante la Segunda Guerra Mundial para la internación de ciudadanos japoneses en EE.UU.
Deportaciones en curso y respuesta judicial
A pesar de una orden emitida por el juez federal James Boasberg para detener temporalmente estas deportaciones, al menos dos vuelos con migrantes ya habían despegado hacia El Salvador. La Casa Blanca argumentó que la orden judicial se emitió después de que los aviones abandonaran el espacio aéreo estadounidense, por lo que no desobedecieron el mandato.
Reacciones internacionales y críticas
Venezuela condenó la aplicación de esta ley, calificándola de crimen de lesa humanidad y comparándola con episodios oscuros de la historia. Organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación, señalando que esta medida podría sentar un precedente peligroso para el trato de inmigrantes y minorías en Estados Unidos.
Debate sobre la legalidad y ética de la medida
Expertos legales cuestionan la aplicabilidad de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto, argumentando que su uso debería limitarse a conflictos bélicos formales entre naciones. La utilización de esta ley para deportar a individuos asociados con grupos criminales plantea dudas sobre su interpretación y alcance en el siglo XXI.
Este episodio ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos. Se espera que las próximas semanas sean cruciales para determinar el rumbo de estas políticas y su impacto en las relaciones internacionales de Estados Unidos.