“Tenemos cerca de nueve millones de inmigrantes en España. Son necesarios”

La afirmación de que “tenemos cerca de nueve millones de inmigrantes en España y estas personas son necesarias” ha sido formulada recientemente por el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, en una entrevista en la que subraya el papel de la población de origen extranjero en el tejido social y económico del país. Sus palabras se enmarcan en un contexto de debate intenso sobre migración, identidad y modelo de convivencia, alimentado tanto por la presión de los flujos migratorios como por el auge de discursos políticos que plantean la inmigración como amenaza y llegan a proponer deportaciones masivas de varios millones de personas.​

Los últimos datos oficiales muestran que la presencia de personas nacidas en el extranjero no ha dejado de crecer en la última década. Según la Estadística Continua de Población del INE, España rozaba los 49,4 millones de habitantes a otoño de 2025, con más de 7,1 millones de personas de nacionalidad extranjera empadronadas y un total de 7,05 millones de inmigrantes regularizados a julio de 2025, a los que se suman cientos de miles en situación irregular. Si se incluye a la segunda generación —hijos nacidos en España de padres extranjeros—, las estimaciones elevan la cifra de residentes de origen migrante hasta el entorno de los 9–9,5 millones de personas.

Más allá del volumen, los expertos destacan el perfil y la distribución de esta población. La inmigración se concentra especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, con nacionalidades predominantes como la colombiana, la venezolana y la marroquí, entre otras procedencias europeas y latinoamericanas. En muchos territorios, las personas migrantes tienen una edad media inferior a la de la población nativa y se incorporan en mayor proporción a segmentos laborales intensivos en mano de obra, desde el campo y la hostelería hasta los cuidados, la construcción, la logística o determinados nichos cualificados.

Varios informes económicos apuntan a que la inmigración ha sido un factor clave para explicar el crecimiento español tras la crisis financiera y la pandemia. Estudios de centros de análisis y del propio sector empresarial coinciden en que, sin la aportación de trabajadores extranjeros, el mercado laboral tendría serias dificultades para cubrir vacantes y sostener el nivel de actividad en sectores esenciales. Un trabajo reciente estima que España necesitará incorporar alrededor de un millón y medio de inmigrantes adicionales en la próxima década para compensar el desequilibrio entre jubilaciones e incorporaciones al trabajo, lo que equivale a cerca de 140.000 personas más en edad laboral cada año.

El componente demográfico es otro elemento central de este debate. España figura entre los países más envejecidos de Europa, con una proporción creciente de población mayor de 65 años y una natalidad persistentemente baja, factores que presionan tanto el mercado de trabajo como la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La llegada de población migrante, más joven y en edad de trabajar, actúa como mecanismo de reemplazo demográfico, contribuye a ampliar la base de cotizantes y mitiga parcialmente el impacto del envejecimiento sobre las cuentas públicas.

En paralelo a estos datos, el escenario político y mediático refleja una fuerte polarización. Mientras una parte del arco político insiste en vincular migración con inseguridad y propone restricciones drásticas, otras voces —incluidas organizaciones sociales, patronales y expertos en demografía— alertan de que sin migrantes España se enfrentaría a un déficit estructural de mano de obra y a un envejecimiento aún más acelerado. La segunda generación, formada por jóvenes nacidos y escolarizados en España, ha empezado a organizarse y responder públicamente a los mensajes que cuestionan su pertenencia, defendiendo su papel como parte plena de la sociedad.​

Las entidades del tercer sector, como Cáritas, subrayan además la dimensión social de la inmigración. Sus informes sobre exclusión y pobreza apuntan a que una parte significativa de las personas migrantes sufre mayores tasas de precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y trabas administrativas que agravan su vulnerabilidad. Al mismo tiempo, insisten en que la integración pasa por garantizar derechos, combatir la discriminación y promover políticas activas de inclusión en ámbitos como la educación, el empleo y la participación comunitaria.

Desde la perspectiva de la gestión migratoria, las estadísticas del INE muestran que el saldo migratorio positivo ha sido el principal motor del aumento de población en los últimos años. Entre 2024 y 2025, la población de nacionalidad extranjera creció en decenas de miles de personas por trimestre, impulsando el aumento demográfico en comunidades como la Comunidad Valenciana, Madrid o Aragón. Para los demógrafos, estos flujos no son un fenómeno coyuntural, sino parte de una tendencia estructural que exige políticas de largo plazo, tanto en términos de regularización y protección de derechos como de ordenación del mercado laboral y la cohesión social.

En este marco, la frase “estas personas son necesarias” resume una idea compartida por buena parte de la comunidad especialista: la inmigración no solo responde a proyectos individuales de mejora de vida, sino que está estrechamente ligada al funcionamiento económico y al equilibrio demográfico del país. El reto, coinciden los análisis, es articular un modelo de integración que combine la acogida y la protección de derechos con una gestión ordenada de los flujos, capaz de responder a las necesidades del mercado de trabajo sin alimentar tensiones sociales ni dejar a nadie atrás.