Preocupación por endurecimiento de fronteras y externalización migratoria
Organizaciones no gubernamentales españolas como CEAR, Accem, Red Acoge y Entreculturas expresan preocupación por la implementación del Pacto europeo de Migración y Asilo a partir del 12 de junio de 2026, que introduce procedimientos fronterizos acelerados, externalización de controles y mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, con riesgos para derechos humanos de solicitantes de asilo.
El Pacto, aprobado el 14 de mayo de 2024 tras ocho años de negociación, consta de 10 leyes que regulan desde el control fronterizo hasta la determinación del Estado responsable de solicitudes de asilo, con aplicación plena en junio de 2026 tras un periodo transitorio. Introduce procedimientos fronterizos obligatorios de hasta tres meses para screening inicial, identificación y examen de solicitudes, con devolución rápida si proceden de “países seguros”.
CEAR considera 2026 “decisivo” y urge una nueva Ley de Asilo en España para priorizar derechos humanos sobre contención, criticando la criminalización de migrantes, niños y adolescentes. Accem denuncia la “deriva restrictiva” con centros de asilo en terceros países y países seguros, abogando por cohesión social y protección de vulnerables.
Red Acoge ve en las reformas un modelo de seguridad y externalización sin garantías de derechos humanos, consolidando controles en fronteras exteriores de la UE. Entreculturas critica el endurecimiento aprobado en diciembre de 2025, que facilita deportaciones y amplía “países seguros”, poniendo en riesgo asilo para niños, mujeres víctimas de trata y violencia de género.
El Pacto establece solidaridad obligatoria: países de primera llegada como España reciben apoyo financiero, personal o reubicación de solicitantes, con cuotas anuales del 30% de llegadas irregulares. En 2025, España gestionó 67.000 solicitudes de asilo, un 20% del total UE, con Canarias como punto crítico por llegadas desde África.
ONG advierten de externalización a países sin estándares de derechos humanos, procedimientos acelerados que limitan apelaciones y ficción de “no entrada” en fronteras. PICUM y Amnesty International califican de “deshumanizadoras” las hubs de retorno y políticas que empujan a migrantes a limbo legal.
España prepara su Plan Nacional de Implementación, coordinando con comunidades autónomas en edad multidisciplinar, información adaptada y recepción para menores. Requiere inversiones en personal, TI y recepción, financiadas por fondos UE como AMIF y BMVI.
El Pacto busca eficacia con identificación inmediata, bases de datos Eurodac ampliadas y cooperación con terceros países para readmisiones. ONG proponen vías legales seguras, inclusión y narrativas centradas en personas frente a estigmatización.
En 2025, ONG lamentaron cacerías como Torre-Pacheco y Reglamento de Extranjería restrictivo, con ILP de regularización pendiente. Urgen al Gobierno español liderar una Europa de valores fundacionales.