El Gobierno de España incrementa en 319 millones de euros el presupuesto para la atención a migrantes en 2025
El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros del 12 de noviembre de 2024, un aumento de 319 millones de euros en el límite de gasto para 2025 en los programas de atención humanitaria a migrantes y protección internacional. Con esta ampliación, el presupuesto total destinado a estos servicios asciende a 979,1 millones de euros para el próximo año. Esta decisión responde a las "necesidades adicionales de financiación" derivadas de la situación migratoria actual y las previsiones para los próximos años, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Secretaría de Estado de Migraciones solicitó esta modificación debido al contexto migratorio actual, por el que se han generado "necesidades adicionales de financiación" en estos dos programas. El programa de atención humanitaria está destinado a atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden por vía terrestre a Ceuta y Melilla. Por su parte, el programa de protección internacional se centra en la asistencia a solicitantes de asilo sin recursos.
Esta ampliación presupuestaria también contempla un aumento para 2026, con una previsión de gasto de 524,9 millones de euros. El objetivo es asegurar recursos suficientes para cubrir los compromisos asumidos tras la declaración de emergencia del 14 de octubre de 2023 y sus ampliaciones, incluyendo gastos específicos en "material, suministros y otros".
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de reforzar la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad, algunas comunidades autónomas han expresado su preocupación por la distribución de responsabilidades y recursos. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados, argumentando que invade competencias propias en protección de menores.