Gobierno aprueba Real Decreto para regularizar medio millón de inmigrantes
El Real Decreto y requisitos para beneficiarios
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de regularización extraordinaria, que suspende expulsiones y otorga autorización provisional de residencia y trabajo renovable por un año, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Podrán solicitarla extranjeros mayores de edad sin antecedentes penales, que acrediten estancia continua de al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, o solicitantes de asilo en ese periodo.
El trámite se resolverá en tres meses máximo, con autorización provisional desde la admisión a efectos de trabajo inmediato en cualquier sector y acceso a sanidad y seguridad social. Funcas estima 600.000 potenciales beneficiarios, aunque el Gobierno apunta a 500.000, priorizando arraigo social y arraigo laboral implícito por estancia.
Contexto europeo y justificación gubernamental
Mientras países como Alemania, Francia y Reino Unido refuerzan fronteras y endurecen políticas ante llegadas irregulares, España opta por integración, argumentando necesidad económica por envejecimiento poblacional y demanda laboral en agricultura, cuidados y construcción. La ministra Elma Saiz calificó el 27 de enero como “día histórico” para “superar barreras burocráticas” y combatir economía sumergida, generando 2.000 millones anuales en cotizaciones sociales.
Es la séptima regularización desde 1985, con precedentes como 2005 (600.000 beneficiarios), respondiendo a flujos migratorios y necesidades del mercado laboral en expansión (PIB +2,5% previsto 2026). Expertos como José Ignacio Conde Ruiz (Funcas) destacan beneficios fiscales y de control, alineados con modelo canadiense de inmigración ordenada.
Impacto económico y social esperado
La regularización sacará del sumidero a trabajadores esenciales, aportando 1.500–2.500 millones en impuestos y cotizaciones, según estimaciones gubernamentales, y facilitando inspecciones laborales contra explotación. Beneficiarios accederán a derechos plenos, reduciendo vulnerabilidad y fomentando integración, con énfasis en formación y vivienda.
Críticas de la oposición señalan riesgos de llamamiento de efecto y presión sobre servicios públicos, aunque el Gobierno desvincula de negociaciones catalanas y enfatiza sostenibilidad demográfica. Europa observa con sorpresa esta apuesta contracíclica, contrastando con Pacto de Migración y Asilo que endurece retornos y fronteras exteriores.
Plazos y procedimiento práctico
Solicitudes abrirán a inicios de abril hasta el 30 de junio de 2026, tramitadas en Oficinas de Extranjería con documentación de estancia (empadronamiento, contratos, testigos) y ausencia de delitos. Autorización provisional permite trabajar desde día uno, renovable bajo arraigo ordinario tras un año. Delegación del Gobierno en Madrid y Barcelona preparan logística para picos de demanda.
ONG como Cruz Roja y CEAR aplauden por protección a vulnerables, mientras patronal CEOE valora aportación laboral en sectores deficitarios. El proceso incluye campañas informativas multilingües y apoyo jurídico gratuito en sedes municipales.
Perspectivas y alineación con UE
El Gobierno vincula la regularización a la reforma de extranjería (Ley Orgánica 4/2022), que agiliza arraigos y visados laborales, y al Pacto Europeo de Migración, priorizando gestión ordenada sobre cierre. Sánchez defiende modelo basado en derechos humanos e integración, proyectando 250.000 visados anuales para cubrir 1,3 millones de plazas laborales hasta 2030.
Analistas prevén impacto positivo en PIB (0,5–1%), aunque recomiendan vivienda asequible y formación para maximizar contribución. La medida posiciona a España como referente en integración frente a nativismo europeo, equilibrando control y humanidad.