Delcy Rodríguez denuncia ultimátum mortal de tropas de EE.UU. tras caer Maduro
La filtración de un video y varios audios en los que se escucha a Delcy Rodríguez relatar presuntas amenazas directas de militares estadounidenses ha agudizado la tensión en Caracas, ya golpeada por la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero. En las grabaciones, difundidas inicialmente por medios internacionales y colectivos periodísticos, Rodríguez explica ante altos cargos chavistas que, tras el operativo, ella, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez recibieron un plazo de “15 minutos” para decidir si se plegaban a las exigencias de Washington, bajo la advertencia explícita de que serían asesinados si se negaban.
Según el material divulgado, la reunión habría tenido lugar alrededor del 10 de enero, una semana después de la incursión militar estadounidense en la que unidades de élite del Ejército de Estados Unidos —en el marco de la denominada Operación Determinación Absoluta— capturaron a Maduro en el complejo militar de Fuerte Tiuna y lo trasladaron al buque de asalto USS Iwo Jima, antes de su envío a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Rodríguez, que asumió como presidenta encargada tras la desaparición de Maduro del territorio venezolano, afirma en el audio que, en un primer momento, las fuerzas estadounidenses les comunicaron que el mandatario y Cilia Flores habían sido “asesinados” y no capturados, lo que llevó a la cúpula chavista a declarar que estaba dispuesta a “correr la misma suerte”.
El ataque del 3 de enero, que incluyó bombardeos sobre instalaciones militares en Caracas, Aragua y La Guaira y el despliegue de alrededor de 150 aeronaves, marcó el punto más álgido de la intervención de Estados Unidos en Venezuela iniciada a finales de 2025 bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Washington presentó la operación como una acción puntual destinada a detener a un “narcoterrorista” reclamado por la justicia estadounidense y anunció que “administraría” el país caribeño de forma transitoria mientras se conforma una autoridad venezolana de consenso que conduzca a elecciones competitivas. La captura de Maduro fue confirmada por Trump en su red social Truth Social, donde publicó una imagen del dirigente a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados y bajo custodia de agentes federales.
La autenticidad de las nuevas grabaciones no ha sido verificada de manera independiente por organismos internacionales, pero su difusión ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública venezolana y en la comunidad internacional. En el audio, Rodríguez describe un escenario de máxima presión, asegura que las amenazas de muerte comenzaron “desde el primer minuto” tras el secuestro de Maduro y sostiene que el liderazgo chavista se vio forzado a negociar con Washington en condiciones de extrema vulnerabilidad. La presidenta encargada afirma igualmente que el mensaje de los militares estadounidenses fue directo: o aceptaban el esquema impuesto tras la captura del mandatario, o se exponían a ser eliminados.
La filtración ha abierto interrogantes sobre el margen real de autonomía de Rodríguez y del resto de las autoridades que permanecen en Caracas tras el operativo del 3 de enero. Analistas y organizaciones de derechos humanos advierten de que, si se confirma el contenido de los audios, el relato complicaría la narrativa de una transición “ordenada” y reforzaría las denuncias sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de la soberanía venezolana durante la intervención. Al mismo tiempo, sectores críticos del chavismo señalan que las palabras de Rodríguez podrían ser usadas por el propio oficialismo para justificar decisiones posteriores de colaboración con Estados Unidos, presentándolas como una respuesta inevitable ante un ultimátum armado.
En el plano interno, la difusión del material ha profundizado las fisuras en el PSUV y en la estructura de poder heredada de Maduro. Dirigentes cercanos a Diosdado Cabello habrían manifestado su malestar por lo que consideran una exposición innecesaria de la vulnerabilidad de la cúpula, mientras grupos de base chavistas cuestionan que se continúe hablando de “resistencia” cuando, según el relato de Rodríguez, las decisiones clave se tomaron bajo amenaza de muerte. Paralelamente, sectores de la oposición advierten de que el audio muestra que el país se encuentra en una situación “tutelada” por una potencia extranjera, y reclaman garantías claras para cualquier proceso de transición política.
En el ámbito internacional, la publicación del audio ha reavivado el debate sobre la legitimidad de la operación militar de Estados Unidos y sobre el rol que debería desempeñar la comunidad internacional en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. Gobiernos latinoamericanos y europeos que habían expresado apoyo a una transición negociada observan ahora con cautela el desarrollo de los acontecimientos, mientras organismos como la ONU y la Organización de Estados Americanos analizan las implicaciones jurídicas de las supuestas amenazas recogidas en la grabación. Expertos en derecho internacional recuerdan que la coacción armada directa sobre líderes políticos podría vulnerar principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y derivar en investigaciones adicionales sobre eventuales abusos cometidos durante la operación.
Mientras tanto, Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos, recluido en un centro de máxima seguridad en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense. El futuro de Venezuela sigue atado a la capacidad de las fuerzas políticas internas y de los actores internacionales de acordar un mecanismo de transición que, más allá del impacto de las filtraciones, garantice estabilidad institucional, respeto a los derechos humanos y un calendario electoral verificable.