El Congreso costarricense opta por mantener el fuero del presidente Rodrigo Chaves pese a acusaciones de corrupción
El lunes 22 de septiembre de 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica decidió no levantar el fuero constitucional al presidente Rodrigo Chaves, impidiendo que sea procesado mientras permanezca en el cargo. La votación no alcanzó la mayoría calificada requerida para ello, en relación con denuncias por presunta corrupción vinculadas al manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Motivo del desafuero y acusaciones
La Fiscalía General acusa al presidente Chaves de abuso de autoridad, al presuntamente presionar a un productor audiovisual que tenía un contrato con el BCIE para que destinar una parte de los fondos a un asesor de campaña suyo. Este caso viene acompañado de cargos por concusión, el delito en cuestión, con penas previstas que oscilan entre dos y ocho años de prisión.
Proceso legal y solicitud judicial
La Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso levantar la inmunidad del presidente, tras votar a favor por mayoría en Sala Plena. Esto convirtió al caso en una tentativa sin precedentes para procesar judicialmente a un presidente en funciones.
Resultados de la votación en el Congreso
Para retirar el fuero constitucional se requería una mayoría especial de al menos 38 votos, pero sólo se obtuvieron 34 votos a favor; 21 en contra y dos diputados ausentes. Con ello, Chaves seguirá protegido legalmente hasta que termine su mandato.
Qué sucede cuando termine su mandato
Una vez finalizado su mandato en mayo de 2026, el presidente perderá automáticamente la inmunidad y podría responder ante la justicia por los cargos en su contra si los procesos judiciales siguen adelante.
Reacciones políticas y contexto institucional
Chaves negó cualquier tipo de irregularidad, denunciando que las imputaciones forman parte de maniobras políticas. Partidos opositores exigieron transparencia y se mostraron críticos con la protección institucional que le otorga el fuero. El escenario eleva el debate sobre separación de poderes y responsabilidades de los mandatarios en Costa Rica.