Brasil impone nuevas reglas para frenar la violencia policial en favelas
El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha anunciado un paquete de medidas sin precedentes destinado a reducir la letalidad policial en las favelas de Río de Janeiro, en respuesta a años de denuncias sobre abusos y ejecuciones extrajudiciales.
El 7 de abril de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil emitió una decisión histórica diseñada para contener la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro, donde las denuncias de abusos y ejecuciones extrajudiciales han aumentado dramáticamente en la última década. Esta decisión responde a intensas presiones de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que han exigido reformas profundas frente a un modelo de seguridad altamente militarizado y letal. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, más de 6.400 personas murieron a manos de la policía en Brasil durante 2024, estableciendo un preocupante récord.
La sentencia, encabezada por el juez Edson Fachin y aprobada con una mayoría de 9 votos a 2, establece nuevas restricciones significativas: se prohíbe expresamente el uso de helicópteros para disparar desde el aire en operativos policiales; se exige que cualquier intervención policial en las favelas sea considerada "excepcional", con justificaciones escritas obligatorias; y se ordena equipar a todos los agentes con cámaras corporales cuyas grabaciones serán supervisadas por fiscales independientes. Adicionalmente, se crea una comisión especial con participación de la sociedad civil para asegurar el cumplimiento de estas normas en Río de Janeiro, región que concentra cerca del 20% de las muertes provocadas por la policía en Brasil.
Esta medida llega tras una larga crisis de violencia estructural, ejemplificada por casos emblemáticos como la masacre en Jacarezinho en mayo de 2021, donde murieron 28 personas durante un operativo policial. Este tipo de incidentes se repitieron en 2024, sumando más de 100 muertes en intervenciones similares. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado reiteradamente que muchas víctimas eran jóvenes negros, frecuentemente asesinados de manera sumaria bajo la justificación de presuntos enfrentamientos.
La decisión ha recibido apoyo cauteloso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde 2023. Flávio Dino, ministro de Justicia, calificó estas medidas como un paso necesario hacia un equilibrio entre seguridad y derechos humanos, aunque delegó la responsabilidad de implementación al gobernador de Río, Cláudio Castro. Castro, conocido por su enfoque de mano dura contra el crimen y aliado del expresidente Jair Bolsonaro, criticó duramente la sentencia, asegurando que estas restricciones "atan las manos de la policía y favorecen al narcotráfico". El gobernador adelantó que apelará algunas de estas limitaciones ante el STF.